¿A ti cuánta confianza te da tu alcalde, tu diputado, tu senador, tu ministerio público, tu juez o tu policía de esquina… tu burócrata?

Cuando pasó antes, nos dijeron que confiáramos en ellos. Dijeron que no volvería a pasar, y pasó… Para que logremos un cambio, debemos hacer que a la gente le importe; para que le importe, debemos dar a conocer el nombre de #Ayotzinapa. Qué se escuche por todos lados:

#YaMeCansé

Mientras dejemos todo en sus manos, esto no va a cambiar. No le creemos al presidente, no le creemos a los legisladores, no le creemos a los ministros de la suprema corte ni a su sistema de justicia.

Éste es solo el inicio: exijamos al gobierno que cumpla con sus obligaciones.

Si queremos lograr justicia para Ayotzinapa, debemos encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos. Para poder encontrarlos, necesitamos certidumbre jurídica y científica.

Para lograrlo, es necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el reconocimiento de los resultados del equipo de forenses argentinos. Y más: incluyamos a todos los organismos internacionales existentes avocados a defender los derechos humanos.

Para que el gobierno permita su intervención, le debe de importar a tu familia, a tu ciudad, a tu país, al mundo.

Ya dejamos pasar:

• 49 niños en guardería ABC, Sonora
• 16 en Villas de Salvárcar, Chihuahua
• 52 en Casino Royale, Nuevo León
• 72 en San Fernando, Tamaulipas
• 45 en Acteal, Chiapas
• 17 en Aguas Blancas, Guerrero
• 22 en Tlatlaya, Estado de Mexico
• Más de 22,000 desapariciones desde 2006

No son un número, son seres humanos, tienen nombre… y en México hay miles y miles de muertos y desaparecidos sin nombre que habitan en las estadísticas. Verlos como cifras nos ha vuelto cada vez más fríos.

 

A mayor transparencia, menor corrupción.

Debemos observar y supervisar el buen ejercicio del poder público. Somos nosotros los ciudadanos, los propietarios, los que debemos exigir y supervisar el cumplimiento de sus obligaciones.

Se nos ha borrado: ellos trabajan para nosotros, nos sirven; aunque a ellos se les olvide, recordémoselos.

Para asegurarnos de que el Estado no vuelva a administrar nuestros recursos ni nuestros elementos de seguridad en nuestra contra debemos:

Saber quién le compró esa lujosa casa al presidente
Saber quién encubrió en la PGR a un homicida
Saber quién saboteó las consultas populares
Saber con cuánto dinero entraron a gobernar y con cuánto se fueron
Saber claramente a dónde se va cada peso del presupuesto público
Saber por qué los policías le venden drogas a nuestros jóvenes
Saber por qué tenemos que pagar precios de monopolio por nuestros alimentos básicos
Saber por qué nuestros bancos nos cobran por jinetear nuestro dinero y no nos pagan por ello
Saber por qué privatizan lo que nos pertenece
Saber por qué venden lo que construimos
Saber por qué creen que lo nuestro es de ellos
Saber por qué niegan el principio de propiedad nacional
Saber por qué no entienden lo que son
Saber por qué están de cabeza
Saber qué los enfermó.

Deben rendir esas cuentas ante nosotros, los ciudadanos.

Sabemos que entre los tres poderes de nuestro gobierno republicano, existe un acuerdo antirepublicano. Entre ellos ya existe un pacto y no es por México.

La complicidad que habita en la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda ante la corrupción y lavado de dinero, nos hace pensar que solo el milagro de su autonomía pueden restablecer a estas instituciones.

Debemos crear de una vez por todas el Instituto Ciudadano de Auditoría Patrimonial en cada estado de la República mexicana, que esté integrado por ciudadanos, ONGs e instituciones internacionales especializadas en los temas de usura, lavado de dinero y transparencia.

El Estado tendrá la obligación de rendir cuentas del enriquecimiento, patrimonios, uso de recursos, estado fiscal y administración de la seguridad ante este organismo ciudadano.

Garantizar la transparencia total y fiscalización en el uso de los recursos públicos en la Cámara de Diputados y de Senadores federales, de los poderes legislativos de los 31 Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de los Municipios en todo el territorio nacional y las Delegaciones Políticas en el Distrito Federal. Nunca más “partidas especiales” ni recursos públicos en lo “oscurito”.

De igual manera, todos los candidatos y aspirantes a ser servidores públicos, deberán someterse a la misma auditoría y, de esa forma, podremos asegurarnos de que trabajan para nosotros y no para otros. Son nuestros servidores públicos. Nosotros, todos, establecemos las condiciones del contrato.

Nunca más el poder en nuestra contra.