La violencia generada por el crimen organizado ha hecho que cientos de familias tengan que escapar de sus lugares de origen. Esto parecería suficiente razón para que las autoridades tomaran cartas en el asunto; sin embargo, la realidad es distante.
Luego de ser desplazados de Las Chascuitas -comunidad ubicada en la Sierra Madre del Sur- alrededor de 29 familias han llegada a Acapulco, Guerrero en búsqueda de apoyo por parte del gobierno. Pero en lugar de eso, el subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Victoriano Sánchez Carvajal, les ofreció 20 mil pesos “para que ya no siguieran molestando” y se fueran a otro lugar.
“Fue una burla lo que hizo este señor que llegó a regañarnos, si no estamos por gusto en Acapulco sino por la falta de seguridad en nuestro pueblo”.
Y es que las 135 personas procedentes de la Sierra no están hacinadas en el destino turístico por descanso o algo parecido, sino porque la narcoviolencia los ha orillado a abandonar su lugar de origen donde, señalan, el 28 de julio un comando irrumpió para atacar e incendiar las casas de los habitantes. Sólo una familia se quedó.
Por el trato recibido por las autoridades, los desplazados realizaron una manifestación en el zócalo del Puerto. Esto, para exhibir el interés que el gobierno encabezado por Ángel Aguirre coloca en las víctimas de la narcoviolencia, las cuales están dejando comunidades enteras como pueblos fantasmas. El crimen organizado mantiene una brutal confrontación por el control de las áreas de producción y distribución de drogas, denuncian.
Casi 2 mil personas han tenido que emprender el éxodo de municipios como San Miguel Totolapan, Apaxtla de Castrejón y General Heliodoro Castillo… pero –quizá- como no son destinos turísticos pueden esperar para recibir atención. Mientras tanto la poca ayuda que reciben proviene de la comunidad católica en Acapulco, la cual les proporciona despensas, cobijas y apoyo moral.
