¿Votar o no votar? De eso se trata. De frente a las elecciones de junio, esta es la pregunta que flota en el aire en un país en el que la credibilidad de los partidos políticos ha caído más estrepitosamente que el precio del petróleo… y eso es mucho decir.
HAY BUENAS RAZONES PARA ANULAR PERO…
El estancamiento económico se afianza, la crisis de seguridad no cede, el partido en el poder se encuentra envuelto en escándalos de conflicto de interés, la izquierda ha perdido autoridad moral tras los hechos ocurridos en Iguala y la derecha carga con el fantasma de la guerra contra el crimen organizado.
Fundados en aquellos argumentos es que algunos han iniciado un movimiento para llamar al electorado a no votar o bien, a asistir a las urnas a depositar un voto anulado con una gran “X” atravesando la papeleta. Se trata, afirman, de realizar un acto simbólico en contra de todas las opciones políticas que son, piensan, una y la misma por donde quiera que se les vea.
Sin embargo, más allá de este acto, mucho más significativo para quien lo realiza que para aquellos que habrán de contar los votos el día de las elecciones, cabe preguntar, ¿cuál es el efecto real de no votar, o bien, de anular el voto?
HOY, LOS VOTOS NULOS FAVORECEN A LOS PARTIDOS
Como lo explicara Gerardo Esquivel recientemente, el mecanismo para asignar a los partidos los tiempos en radio y televisión, las diputaciones plurinominales y el presupuesto destinado a las diversas fuerzas políticas (sacado directamente de las arcas públicas) parece diseñado para que los votos anulados sean benéficos más que peligrosos para los partidos. La razón es la siguiente:
Una vez realizados los comicios, se cuenta el total de papeletas depositadas en las urnas. De este 100%, son apartados los votos anulados y los efectuados en favor de los candidatos independientes. Supongamos que éstos representen una quinta parte del total, es decir, un 20%. De acuerdo con la ley vigente, el 80% de los votos restantes, que son los efectuados en favor de los partidos, son ajustados para representar un nuevo 100% llamado “votación nacional válida”. El ajuste se hace multiplicando los votos válidos por lo que haga falta para dar como resultado 100. En este caso, por 1.25, pues 80% por 1.25 es igual a 100%.
Así, si el Partido Imaginario ha obtenido 30% de la votación original, bajo el nuevo cálculo, habrá obtenido una votación válida del 37.5%. Naturalmente, esto implica un presupuesto mayor y más diputados plurinominales salidos de sus filas, lo que le permitiría alcanzar, por ejemplo, la mayoría en el Congreso con mayor facilidad.
De esta manera, entre más personas anulen su voto, mayor es el beneficio para los partidos, en especial para los más votados, que son los más inflados por este cálculo.
Ahora bien, ¿dispone la ley algún número de votos anulados que puedan dar, a su vez, por anulada la elección? Algunas cadenas de internet señalan que el 20% de votos invalidados intencionalmente serían considerados suficientes para anular la elección. Otros más hablan del 80%.
Lo cierto es que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su título sexto, capítulo II establece las causas de nulidad. En los artículos 76, 77 y 77 bis se establece que, cuando en el 20% de las casillas se dan los casos de nulidad del artículo 75, la elección respectiva se anula. Pero una vez llegados al mencionado artículo 75, no se ve por ningún lado nada sobre votos invalidados como causal de nulidad de un proceso. La consecuencia es clara: aun si el 99.9% de los votos fuesen nulos, la elección sería legalmente válida. Esto da una pista sobre quiénes podrían ser los autores de aquellos rumores…
En el siguiente video, sugerido por el lector @RompoMx, Roberto Duque Roquero, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, explica este mecanismo de una manera muy sencilla.
¿Y SI LOS VOTOS NULOS FUERAN UN CASTIGO REAL?
No cabe duda: anular un voto no sirve a los ciudadanos, sino a los partidos. Pero no debemos dejar la discusión ahí, porque, en efecto, los votos anulados intencionalmente intentan decir algo y eso debería tener consecuencias. Si las votaciones no se llevaran a cabo bajo ciertas reglas, entonces no serían votaciones. Sin embargo, cabe la posibilidad de imaginar otras reglas y de preguntarnos qué pasaría si fueran reales. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si la ley contemplara un castigo en lugar de un premio por votos intencionalmente anulados en un proceso electoral? Es claro que los votos anulados significan que no se confía en ningún partido, y también es cierto que tal falta de confianza debería tener un efecto en lo que un partido recibe del presupuesto electoral o de asientos en el congreso.
Por otro lado, bajo el esquema actual, si los candidatos independientes llegaran a gozar de popularidad, los votos en su favor no ayudarían a beneficiar a los que en el futuro se postularan sin el respaldo de un partido, lo que indiscutiblemente también es injusto.
Por el momento, la única forma de arrancar espacios y presupuesto a un partido consiste en votar por otro y la falta de confianza en el sistema partidista no tiene forma de verse representada en los comicios. Bajo el escenario actual, los partidos poderosos no se sienten amenazados por los movimientos abstencionistas o anulistas. Lo que es más: si un dirigente de campaña se topa con alguien que resulta imposible de convencer para votar en su favor, preferirá pasar a la siguiente opción: convencerlo de no votar.
SI PUDIÉRAMOS CASTIGAR A LOS PARTIDOS, SERÍAN MEJORES
El escenario actual es antidemocrático, toda vez que orilla a los políticos a convencer de no votar o de anular el voto a quienes no están dispuestos a votar por ellos. Un buen sistema sería el que no dejara más opción a los candidatos que la de luchar por el voto ciudadano en su favor, uno que los obligara a explorar nuevas estrategias (argumentar sus propuestas sería una muy novedosa en nuestro país) para ganar la simpatía de los anulistas.
¿Pero cómo podríamos lograr un escenario así? Sólo hay dos respuestas posibles: condicionar nuestro voto y ofrecerlo al candidato que esté dispuesto a legislar en ese sentido, o bien, manifestarnos. ¿Cómo lograr que un candidato adopte una idea que esencialmente parece ir en contra del partidismo?, ¿cómo convocar y diseñar una manifestación exitosa en ese sentido? Estas son preguntas mucho más complicadas, aunque, afortunadamente, con un gran abanico de respuestas.
La cuestión que debemos plantearnos no es la si debemos votar o no votar, sino la de cómo usar nuestro voto de tal manera que, en un futuro, exista la posibilidad de que no votar tenga un verdadero peso sobre las acciones de los partidos. Podemos decir con toda seguridad que si los partidos se vieran verdaderamente amenazados por los anulistas, serían mejores opciones. En otras palabras: un sistema que pudiera castigar a los partidos el día de las elecciones los obligaría a ser mejores.
