Después de una reunión con Arely Gómez, titular de la PGR, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, acusó a la procuraduría de poner “obstáculos” al trabajo de investigación que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer el caso.

Rosales Cierra denunció varias irregularidades sobre la investigación, por ejemplo evidenció que hace un mes se le entregó a la procuradora un documento en el que se solicitaban algunas comparecencias, entre las que se encontraban las de los militares involucrados en el caso, así como la de el general Alejando Saavedra Hernández, responsable de la región militar de Guerrero. Sin embargo no han recibido respuesta alguna, cuando la ley marca que debieron recibir respuesta en un plazo máximo de tres días.

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También detalló que la PGR ha incumplido con las fechas que se tenían agendadas para la exploración de algunas áreas poniendo como pretexto el no tener listo el equipo necesario, ni contar con el respaldo de la Policía Federal para llevar a cabo los procedimientos pactados.

De igual forma denunció que la procuraduría se ha negado a facilitar al GIEI el acceso por lo menos a 12 averiguaciones previas relacionadas con el caso que se encuentran en posesión de la SEIDO, así como a videos y otros materiales que contienen evidencia que podrían ayudar a la investigación.

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En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Rosales advirtió que de no extenderse la presencia del GIEI en el caso “las cosas se tensarían demasiado” y los familiares de los desaparecidos volverían a las calles para exigir justicia. “Vamos a hacer la revisión más exhaustiva. Hay muchos compromisos de la Procuraduría General de la República (PGR) que siguen sin cumplimento, por lo que buscaremos otro tipo de diálogo”, declaró el abogado.

Por otra parte, Rosales Sierra señaló que de enero de este año a la fecha el gobierno federal ha dejado sola a la Unidad de Ayotzinapa, así como a los expertos, “invirtiendo la responsabilidad a los expertos para que ellos muestren resultados, cuando es responsabilidad del gobierno federal.

También resaltó que en este momento es “difícil volver a confiar en las autoridades” después de la versión que dieron del basurero de Cocula, “Es por ello que creemos que tiene que existir una supervisión internacional, por lo menos hasta que haya un horizonte claro de qué pasó con los estudiantes”, dijo.

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De verdad es preocupante la desatención por parte del gobierno en el caso pues los tanto padres de familia como los mexicanos merecemos una explicación clara de lo que verdaderamente pasó esa noche en Iguala.

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