Apenas el 4 de marzo, el gobierno de AMLO presentó un plan de protección de precandidatos y precandidatas para prevenir delitos como extorsión, moches o represalias en contexto de las elecciones de 2021. Y es que en septiembre inició este proceso electoral que hasta febrero ha dejado 108 víctimas de violencia política.
Esta info la dio a conocer Integralia y analiza precisamente que ha sucedido desde septiembre de 2020 a febrero de 2021.
En entrevista con @anafvega, el gerente de Riesgo Político @carlosrubp platicó sobre la violencia política en lo que va del proceso electoral de 2021. Destacó que estos incidentes ocurren sobre todo a nivel municipal y tienen por objeto hacerse con el control de mercados ilegales pic.twitter.com/inIZiVrL97
— Integralia (@Integralia_Mx) February 26, 2021
A grandes rasgos, en este periodo Integralia contabilizó 90 incidentes de violencia política con 108 víctimas —de este grupo, 75 fueron mortales y el resto resultaron heridas.
Víctimas de violencia política
Como en cada proceso electoral —en los últimos años— la atención también está en el tema de la violencia en contra de candidatos y candidatas.
Y el proceso de 2021 —que inició el pasado 7 de septiembre— no ha sido la excepción. De acuerdo con Integralia, de las 75 víctimas asesinadas:
- 18 eran funcionarios municipales.
- 11 aspirantes a elección popular.
- 7 funcionarios federales y estatales.
- 6 activistas.
- 4 exfuncionarios.
- 4 periodistas.
- 3 ex presidentes municipales.
- 3 presidentes municipales.
- 3 líderes partidistas.
- 2 legisladores locales.
- 2 excandidatos.
- 2 jueces.
- Y otras 10 personas involucradas con este proceso.
Esta lista nos indica que 51% de los incidentes de violencia política fueron en contra de funcionarios y funcionarias en activo, 19.8% en contra de militantes y aspirantes, 13.2% en contra de exfuncionarios y 15.4% en contra de activistas y periodistas.
¿Qué sucede en este contexto?
Integralia apuntó que la mayoría de estos casos están relacionados con el crimen organizado que tienen como objetivo controlar los gobiernos locales —mediante los candidatos y las candidatas— para a su vez controlar distintos delitos como el huachicoleo o el tráfico de drogas.
“La violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado así como los altos niveles de impunidad”.
Por lo general, estos casos se registran en zonas o municipios de menos de 100 mil habitantes, que están alejados de comunidades urbanas y hay poca presencia de seguridad federal.
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Por cierto, este 6 de junio se renovarán más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas, los 500 diputados y diputadas de San Lázaro, mil 63 diputaciones en 30 congresos locales y mil 926 ayuntamientos.
