Como si no hubiese sido suficiente con el paso de Javidú por el erario de Veracruz (o como si hubiesen dejado algo), ahora resulta que la administración de Miguel Ángel Yunes salió igual de tentona. Así lo insinúan las irregularidades en las cuentas de tres dependencias y 153 municipios.
De acuerdo con el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla, las Secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, tienen anomalías en sus cuentas… y no precisamente en las emanadas durante la administración de Javier Duarte, lo cual no sería sorpresa, sino en el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes.
#Video: La administración de Miguel Ángel Yunes en #Veracruz habría incurrido en posible daño patrimonial por 338 mdp. Se detectaron supuestas anomalías en dependencias, entidades de gobierno y fideicomisos. Otra prueba más de la similitud con el gobierno anterior. pic.twitter.com/5m8ZucWVYx
— ONEA México (@oneamexico) 2 de octubre de 2018
Además de las fallas en las cifras monetarias de las tres dependencias, el Orfis también notó que no checan las cuentas en 11 organismos públicos descentralizados, así como en dos fideicomisos. En la Secretaría de Desarrollo Social, el faltante es de 4 millones 771 mil 574 pesos; en Protección civil de más de 227 mil pesos; en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, de medio melón, mientras que en los servicios de Salud de poquito más de 10 millones.
Por si lo anterior no fuera suficiente para los funcionarios a los que no les amarraron las manos de chiquitos, en el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 también se indica que hay irregularidades en el gasto de 153 municipios y dos organismos paramunicipales. Total, que tdo junto representa un daño patrimonial al Estado por aproximadamente 338 millones de pesos, señaló Portilla Vásquez.
De acuerdo con Reforma, las irregularidades podrían estar basadas en transas clásicas como el anticipo de salarios, contratos de obra pública no amortizados, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental, entre otros.
¿Y ya a investigar y castigar? Bueno, lo primero nomás (por ahora)… y ni así. El informe en el que se describe las irregularidades apenas fue presentado al Congreso jarocho, éste habrá de dictaminarlo y votarlo, para – ahora sí – iniciar las fases de investigación por el presunto daño. Total, no hay prisa… el 1 de diciembre habrá cambio de administración.
