Dado que la desaparición de personas es casi un sello de la casa, se debería urgentemente contar con una “ley general e integral” en la materia, recomendó la oficina de la Organización de las Naciones Unidos (ONU) para los Derechos Humanos.
En el marco de la conmemoración del Día del Desaparecido –el pasado día sábado- la alta comisionada en la materia, Navi Pillay, a través de un comunicado señaló como “legítimos” los reclamos de todos los familiares de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas en el país. Además de esto, solicitó que las autoridades respondan a la necesidad de crear políticas para prevenir, erradicar, sancionar y reparar a las víctimas.
Por otra parte, Pillay recordó que la desaparición de personas no es delito reciente, por lo que también se debe de colocar atención en las víctimas de desapariciones forzadas que datan desde los 60’s hasta la década de los 80’s, muchas de las cuales aún se desconoce su paradero.
Como recordarán, hace unos días las autoridades dieron a conocer la cifra oficial de personas “no localizadas”: aproximadamente 22 mil 322 personas, las cuales fueron divididas entre víctimas del sexenio pasado –el de Felipe Calderón- y las de la actual administración, de Enrique Peña Nieto, 12 mil 532 y 9 mil 790, respectivamente, según informó Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.
Sin embargo, entre los muchos “peros” que se le han puesto al dato de la PGR se encuentra el no dar a conocer qué criterios se usó para obtener tal cifra: “No existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el porqué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo”, reclamó la Amnistía Internacional, poniendo énfasis en el hecho de que “una vez más el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo ni transparencia alguna”.
Además, la ONU criticó que las autoridades no aclaran cuál es el número que del total pueden considerarse como víctimas del crimen organizado; sin embargo, reconoció la labor realizada en la materia, ya que aunque se puede considerar alto el número de personas no localizadas, también es de reconocer la otra cifra, la de personas que sí han podido ser halladas con vida: de los 52 mil 941 casos que desde el 2011 se han denunciado, 30 mil 619 han sido resueltos con la ubicación del “extraviado” o “ausente”, sólo mil 524 de estos casos la víctima se encontró sin vida.
Pero aunque siempre es bueno poner atención en los logros, a partir de la cifra dada a conocer por la PGR, familiares de las víctimas de desaparición han criticado la posición de las autoridades en relación al problema, ya que –para ellos- no existe una coincidencia entre la realidad que da a conocer el gobierno y la que ellos viven:
“Desaparecieron a los desaparecidos (…) En la Secretaría de Gobernación [Segob] no se ponen de acuerdo, no hay un registro confiable. Volvemos a traer lo que cada funcionario se le ocurre decir, pero no hay una cifra precisa”, señaló Carlos Moreno Zamora, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
