Actualización: Luego de un par de días en los que se desconocía su paradero, los dos académicos de la Universidad Veracruzana fueron liberados gracias a la intervención de la Unidad Regional Especializada en Combate al Secuestro, correspondiente a la zona sur de Coatzacoalcos.
Si bien, al inicio del caso la información que los familiares de las víctimas proporcionó fue reducida —por motivos de seguridad—, ahora que se consiguió la libertad de los catedráticos la Fiscalía General del Estado (FGE) se mantuvo en el mismo tono y, sólo proporcionó un breve comunicado donde da a conocer los pormenores de la operación:
“Los familiares fueron asesorados desde el inicio de la crisis por personal de la Unidad regional antisecuestro, quienes coordinaron las negociaciones y lograron su liberación. Mediante distintos dispositivos especializados, en primera instancia se logró la liberación de la víctimas”.
Las autoridades indican que por resguardo de su seguridad, la identidad de los dos académicos de la Universidad Veracruzana continuará sin revelarse. Se desconoce si hay detenidos o si hubo el pago de rescate. Lo único que se sabe es el aseguramiento de un vehículo, propiedad de uno de los plagiados.
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La Universidad Veracruzana (UV) solicitó al gobierno liderado por Javier Duarte, su intervención para la localización de dos académicos que desde el pasado 9 de agosto se encuentran desaparecidos. La identidad, así como datos de las víctimas ha sido catalogada como “reservada” por la UV, esto para no poner en riesgo su vida.
En su edición publicada en Veracruz, La Jornada señala que uno de los catedráticos fue secuestrado en la comunidad de Huazuntlán, en el municipio de Mecayapan. Según compañeros de trabajo, así como de activistas de la sierra, el móvil de la desaparición sería “político”, esto debido a que el docente fue “levantado por un grupo armado”.
“Ese mismo día los familiares recibieron una llamada para pedir el rescate y apenas se han filtrado detalles de las negociaciones”.
Hasta ahora la Fiscalía General del Estado no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento, esto pese a las exigencias que la propia UV hace para la pronta resolución del caso el cual colocan como uno más de los “nuevos episodios de violencia” que afectan a la comunidad universitaria.
La UV ya estableció mecanismos de coordinación con los cuerpos oficiales en la materia, y entró en comunicación con los familiares de las víctimas. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la institución, se ha abstenido de ofrecer declaraciones; sin embargo, son varios los miembros de la Universidad los que sugieren convocar a la protesta para exigir que se realicen las indagaciones correspondientes, uno de ellos, el investigador del Instituto de Investigaciones de Histórico Sociales de la UV, Leopoldo Alafita Méndez.
“Es lamentable que la UV siga siendo golpeada con estudiantes en activo, egresados y profesores. Considero importante que la UV haga deslindes de quienes están haciendo este tipo de represiones y convocar a las protestas académicas”, señaló Alafita para La Jornada. “No se puede seguir contemplando la represión”.
“La administración pública en diferentes niveles está tratando de hacer oídos sordos de las demandas de los grupos sociales que están sintiendo que son atropellados por los megaproyectos que han privilegiado los intereses de los empresarios”.
