No hay mejor lógica: si con una orden de aprehensión no se ha logrado apañar al ex gober en fuga, Javier Duarte… entonces tal vez lo que se necesita es más potencia. ¿Más gente buscándolo?, ¿mayor dinero en recompensa?, ¿una calentadita a sus allegados? No, mejor aún: una segunda orden de aprehensión.
Según informa Animal Político, la Procuraduría General de la República (PGR) está a punto de solicitar otra orden de aprehensión en contra del ex mandatario jarocho. Si la primera tenía que ver con delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos obtenidos de forma un tanto ilícita, esta segunda… pues también: tiene que ver con cuestiones no menos tranzas, relacionadas con el desvío de recursos calculado en 200 millones de pesos.
En esta ocasión, la PGR acusa que Duarte trianguló los recursos a través de empresas fantasma, la cual lavó el dinero para ocultar el origen de tanta lana utilizada para la compra de parcelas ejidales sobrevaluadas en Campeche, previamente adquiridas por el abogado Alfonso Ortega a un precio no mayor a 20 millones. Para obtener el precio de oferta el leguleyo se hizo pasar por ejidatario.
“Nosotros nos convertimos en ejidatarios de papel, no lo éramos porque había que vivir en Campeche pero hicimos unos arreglos con un señor de nombre Antonio Almazán para poder adquirir estos terrenos a un precio inferior y luego vendérselos a estas empresas. Todo era una fachada”, aceptó el propio Ortega ante el MP.
Cabe señalar que Ortega no está soltando la sopa de a gratis y tampoco se trata de un testigo protegido. Gracias al nuevo sistema penal acusatorio, aquellas personas implicadas en un delito que colaboren con las autoridades, pueden alcanzar penas reducidas, según aclaró el titular de le PGR, Raúl Cervantes, en entrevista radiofónica.
