Ya sin ánimos de debatir y con visibles curules vacías, este martes se continuaron en San Lázaro las “discusiones” relacionadas a la aprobación de iniciativas de ley contenidas en la reforma energética. Esta ocasión tocó turno a la Ley de la Industria Eléctrica y Geotérmica y cambios a la de Aguas Nacionales, la cual fue avalada con 321 votos a favor.
Uno de los puntos debatibles de dicha ley fue la posible eliminación de subsidio a la luz eléctrica, misma que estaba claramente contenida en la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, el Senado realizó las respectivas “modificaciones” –así como se cambió “expropiación” por “ocupación temporal”- y ahora señala que “el Ejecutivo federal, por acuerdo, podrá modificar la tarifa fija que el órgano regulador establezca para el servicio básico, es decir, domiciliario”.
Lo anterior, según el legislador Alfonso Durazo –de Movimiento Ciudadano- no garantiza la continuación del subsidio a la luz, ya que en el artículo 16 de la Ley se señala que dicho subsidio no es “generalizado”, sino “focalizado” a zonas marginales del área urbana y rural. Sin embargo, el de MC poco pudo hacer para cambiar el voto de diputados panistas, priistas, del Partido Verde y Nueva Alianza quienes en su oportunidad defendieron la legislación, como fue el caso de Alicia Padilla –del PVEM-, quien aseguró que con la aprobación del dictamen nos espera un “futuro más próspero”.
Con lo aprobado se permite la participación de la iniciativa privada en la generación de energía, pero se establece que su transmisión y distribución es exclusiva del Estado… por el momento. También señala que se ampliarán las facultades de la Comisión Reguladora de Energía, la cual podrá controlar los precios de los energéticos.
Según legisladores, con la participación de empresas privadas en el mercado energético, se incentiva la competencia y la oferta de precios más accesibles a los usuarios, además de que se abre la oportunidad para la creación de empleos, capacitación y desarrollo tecnológico en el ramo.
En lo que respecta a la “ocupación temporal”, que para esta ley se denomina “uso y ocupación superficial”, se establece que ya que la industria eléctrica es de utilidad pública, se puede proceder a la ocupación o afectación superficial de terrenos necesarios “para prestar servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. Anteriormente se obligaba a las empresas a “contratar” a los ejidatarios o comuneros afectados como fuerza de trabajo, pero esto se anuló con los cambios realizados y ahora sólo se señala el “compromiso” de realizar “proyectos de desarrolló” en la comunidad afectada, tales como alguna escuela, un centro médico, canchas deportivas, etc.
En una sesión de extensa duración, no pudieron quedar fuera las burlas y agresiones verbales entre diputados, así como tampoco el clásico grito de “Ehh, ¡puto”, que entonaron sectores priistas mientras legisladores del PRD o Movimiento Ciudadano, intentaban ofrecer su opinión respecto a las iniciativas.
Así las cosas en San Lázaro, donde se prevé que será el viernes cuando se concluyan los trabajos relacionados con la reforma energética.
