¿Se acuerdan del caso de las tarjetas Monex y cómo varios partidos denunciaron al PRI por haber comprado votos y haberse financiado ilícitamente? Después de dos años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró al PRI de haber incurrido en financiamiento paralelo (obtener varo del gobierno y de la iniciativa privada) con recursos ilícitos o en la compra o coacción del voto con las tarjetas Monex durante las elecciones del 2012 (cuando Peña era candidato presidencial).
Lo único que hizo el Tribunal fue ordenar al Instituto Nacional Electoral investigar el destino de 6.8 millones de pesos que clasificó como gastos ordinarios.
Así es, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realmente se toma su tiempo cuando de resolver disputas sobre dinero en las votaciones y métodos para conseguir votos se trata. Nada menos que dos años es lo que le ha tomado resolver el caso de la relación del Monex y Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012. Y ahora dan el veredicto, luego de dos años de presidencia efectiva. Tribunal, lento pero seguro…sí era casi seguro que los exonerarían.
“No es buen momento” para entregar la resolución del TEPJF, observa con envidiable agudeza Manuel González Oropeza, magistrado de este honorable órgano. Pero también explica que si los señores se tomaron su tiempo, pues es porque estaba verdaderamente difícil la cosa. Figúrense ustedes resolver al menos veinte juicios iniciados que, por supuesto no pueden resolverse a la ligera.
Ex consejeros electorales se han unido a los partidos de oposición en su crítica al TEPJF. Y es que el escándalo del uso de tarjetas con dinero abonado por Monex para darle una motivadita a los votantes a inclinarse por el partido tricolor fue realmente tan grande (y con justa razón) que motivó una reforma electoral, en la que se contempla una mayor vigilancia sobre el uso de recursos en campañas.
Lo malo es que en tal reforma no se contempla una manera adecuada de acelerar los procesos de investigación. Dos años es un tiempo absurdo para decidir si hubo o no una violación a la ley en un proceso electoral. Realmente absurdo.
“A más tardar dos semanas”, es el tiempo que tomará al tribunal poner punto final a éste y otros asuntos relacionados, según lo afirmado por el magistrado Flavio Galván en un foro reciente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
De los dos años enteros que tuvieron para decidir la culpabilidad o inocencia (presumiblemente la segunda, ya sabemos cómo son las cosas en este país) del ciudadano presidente, el tribunal tuvo que elegir esta temporada electoral.
“Desafortunadamente el juez tiene que resolver y todos los tiempos en México son tiempos políticos”, se excusó Galván.
Tienen razón… y no debería ser así. Las campañas diferidas cuestan millones de pesos al país. Urge una reforma electoral que una tiempos de campañas que hoy están espaciados por uno o dos años en distintas entidades para elegir diferentes funcionarios. Por supuesto, esto no justifica al tribunal, que bien pudo elegir como tiempo para dar su veredicto, digamos, el 15 de julio del año pasado… o bueno, ya poniéndonos exigentes, los días en los que se hizo la denuncia.
“Todo lo que tratamos de evitar es que estos temas se trasladen hasta el final de los procesos, porque generan muchas lecturas y muchos conflictos políticos, que jurídicamente nos dan problema”.
Sí. Por eso lo hacen justo en tiempo de precampañas. Por supuesto, las “inversiones” de Monex, no sólo beneficiaron al presidente, sino también a 200 diputados impugnados que están a punto de terminar su periodo. Si son culpables o inocentes pues ya no importa mucho porque ya legislaron, y lo hicieron bien y bonito: incluyamos entre sus sospechosos atinos aquella reforma financiera que otorgó grandes facilidades a bancos y otras instituciones para emitir fuertes créditos.
Eso sí, el tribunal es efectivo y atiende a tiempo las cosas, dijo el magistrado. Es más, un día les presentaron un caso y en la tarde ya estaban resolviéndolo, explicó.
Ah, no, pues perdón por las observaciones…
