Tribunal determina que no hay impedimento para la Comisión de la Verdad

Este jueves, finalmente el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, determinó que no existe una imposibilidad jurídica para la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Iguala. Es decir, que dicha comisión tiene un sustento constitucional, convencional y legal. 

Los magistrados de dicho Tribunal explicaron que la Comisión de la Verdad no invade las facultades del Ministerio Público, ya que éste va a participar y conservar la investigación de los hechos. En el caso de cada parte que interviene en el marco de sus facultades -representantes de las víctimas, CNDH o la asistencia técnica internacional- podrá calificar los hechos como delitos o como una grave violación a los derechos humanos.

Esto abre la puerta para que el gobierno entrante ordene la creación de la Comisión y cumpla con la reposición de la investigación del caso.

Además, el Tribunal se mostró extrañado de que un gran número de autoridades federales presentaran recursos legales de todo tipo en contra de las víctimas.

“Para las familias, estos recursos expresan que el gobierno saliente no está dispuesto a que la investigación esté bajo escrutinio internacional, a pesar de que la ejecución de la sentencia correspondería y ya ha sido aceptada por el nuevo gobierno”, explica el Centro ProDH.

Vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado con la Comisión de la Verdad 

El 4 de junio pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia, pues existen elementos que indican que cinco de los acusados por la PGR de participar en la desaparición y el asesinato de los estudiantes, fueron torturados.

Además, la reposición de la investigación de la PGR, ya que determinaron que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Después de eso, al menos 10 instancias federales interpusieron recursos especialmente en contra de la creación de la Comisión. Una de ellas fue un incidente de imposibilidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Argumentaron que existía una imposibilidad real, jurídica y material para cumplir con la creación de la Comisión. Además, aseguraron que el Primer Tribunal Colegiado no tiene las facultades para ordenar la creación del ente, y que las facultades para la investigación son exclusivas del Ministerio Público.

Ante ello, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, quien es el encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia de la Comisión, le dio la razón a la PGR y determinó que era jurídicamente imposible crear dicha comisión.

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