Si la construcción del Tren Maya se estaba ejecutando como se consiguieron los permisos y se realizaron los estudios de impacto ambiental, pues qué bien que el gobierno tiene que echarle otro ojo a lo administrativo, porque ¡ahh, jijo!, cómo se ve que no se esmeraron…

Apenas la semana pasada se concedieron tres suspensiones provisionales contra la megaconstrucción de la 4T y, ayer, se refrendó una concedida hace tiempo. Sólo que esta vez se trata de una suspensión definitiva, con lo cual la construcción del Tren Maya se verá parada de manera indefinida, en lo que corresponde a su paso por los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá.

FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Lo anterior fue comunicado por la organización Kanan Derechos Humanos. Según el comunicado difundido en la cuenta Twitter del colectivo, el jugado tercero de distrito con sede en Yucatán resolvió meterle tremendo frenón al Tren Maya, por lo que las autoridades deberán abstenerse de realizar actos de construcción de obra nueva.

Según Kanan Derechos Humanos, esta suspensión definitiva es resultado de la detección de omisión de anexos en el expediente que se puso a consulta pública en julio de 2020. Dicha omisión fue algo descaradota, ya que los anexos sí constaban en la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto “Tren Maya Fase I”… quién sabe por qué no los integraron en el documento a consultar.

Foto: Presidencia.

En fin, derivado de lo anterior, se interpuso un amparo, el cual tuvo respuesta en enero pasado, cuando se concedió una suspensión provisional. La suspensión definitiva se decidió el pasado 19 de febrero y, con ella, se mantiene la postura de ordenar la detención de ejecuciones de obras nuevas, “con la finalidad de mantener el estado de las cosas que se guardan al momento en lo que se resuelve el juicio principal”.

Para la organización Kanan Derechos Humanos esta resolución es importante debido a que ayudará a sostener la exigencia del derecho a la información pública, además de considerarse un paso para detener un proyecto que, dicen, provocaría daños irreparables a los derechos de todas las personas, especialmente a lo relacionado con la participación pública, transparencia activa y medio ambiente sano.

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