Por Tania Hernández Gordillo
Imaginemos una escena que a muchas y muchos de nosotros puede sernos familiar. Es fin de semana y un grupo de amigos de secundaria sale a divertirse. El punto de encuentro puede ser cualquiera: un parque, un centro comercial, la playa, un campo de fútbol, una fiesta en casa de algún conocido. Poco a poco, estos jóvenes se encuentran, conversan, cuentan historias cotidianas: que a Fulanito le gusta Fulanita, que si les fue mal en sus exámenes, que si en casa las cosas no están tan bien, que en dónde se puede comprar algo de alcohol sin que te pidan credencial.
Imaginemos ahora que, mientras estos chicos, que podrían ser nuestros hermanos menores, nuestras sobrinas o los hijos de amigos cercanos, conversan y ríen, de repente se acerca un grupo de personas armadas y, sin más, les levantan. No importa si se trata de narcotraficantes, sicarios, policías o militares, el destino de estos jóvenes será el mismo de cualquier modo. Desaparecerán sin dejar huella. Quizá, si sus familiares y amigos ejercen suficiente presión, podamos saber algo de ellos; quizá sus cuerpos mutilados sean descubiertos en algún lote baldío; quizá, incluso, sea posible reconocerles y reconstruir alguna pista de lo que les ocurrió. Sin embargo, si las estadísticas no nos mienten, estos jóvenes quedarán sepultados entre la indiferencia y el olvido.
Cartel de la Jornada Nacional contra la Impunidad y la Olvido “No más Desapariciones Forzadas”
México se ha convertido en una tumba para miles de jóvenes debido a la guerra contra el narcotráfico y la militarización del país que la acompañó. Amnistía Internacional reporta que, según el gobierno mexicano, 29,917 personas –22,414 hombres y 7,503 mujeres– se hallaban en paradero desconocido al finalizar el 2016. El Estado ha sido incapaz de dar información sobre dónde están y si siguen vivos o muertos. Son las madres y familiares quienes buscan a sus seres queridos y quienes, con sus propias manos y movidas por el dolor y el deseo de justicia, sacan restos de la tierra. Tal es el caso del Colectivo Solecito quienes, desde que comenzaron su búsqueda en agosto de 2016, han encontrado 249 restos humanos en fosas clandestinas en Veracruz.
De los restos identificados por el colectivo, la mayoría corresponde a jóvenes de entre 14 y 25 años, dato que dolorosamente coincide con el hecho de que prácticamente la mitad de las personas desaparecidas en México son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. ¿Quiénes eran estos chicos y por qué sus cuerpos terminaron en una fosa clandestina, esperando a que alguien recupere su nombre y su historia? La respuesta fácil que muchas veces nos damos como sociedad es que seguramente “andaban en algo”, que “ellos se lo buscaron”, que eso les pasa “por ser delincuentes”, “por salir solas”, “por andar en la calle a esas horas” o, en el menos grave de los casos, que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado.
hijosmexico.org
Tantos son los muertos que este país carga que hemos aprendido a invisibilizar la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades a las que las y los jóvenes se enfrentan día a día. No podemos obviar que el Estado mexicano tiene una gran deuda con la juventud, especialmente con quienes forman parte del sector más pobre de la población. De los cerca de 30 millones de jóvenes mexicanos, más del 70 % no tiene acceso a educación ni empleo. Aunque no son determinantes, estos elementos aumentan la probabilidad de que un joven ingrese en actividades delictivas, migre o conforme una familia a temprana edad, situaciones que mantienen el ciclo de exclusión y violencia en el cual se encuentran. Al día de hoy, poco se ha logrado para cambiar un sistema en el cual millones de jóvenes se encuentran invisibilizados; peor aún, hoy el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizarles la vida.
Todos los días, decenas de historias son silenciadas por la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades. Casos como el de la Masacre de Villas de Salvárcar, el de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, el de los cuatro jóvenes desaparecidos en Boca del Río, los 72 migrantes de San Fernando y los 43 de Ayotzinapa no pueden quedar en el olvido. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de reconocer y mantener viva su memoria, de recordar que todas y todos los jóvenes desaparecidos y asesinados tienen una historia, una familia, alguien que les busca; que tuvieron sueños y deseos como todos nosotros. Pero es también nuestra responsabilidad exigir justicia, recordar al Estado todos los días que le corresponde garantizar las condiciones para que esos sueños y deseos se cumplan, empezando por la vida misma. Ni más ni menos.
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Tania Hernández es politóloga.
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