En México es recurrente el uso de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes para la fabricación de culpables y la represión a disidentes.
Los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas del país cometen de forma constante actos como detenciones arbitrarias, allanamiento de morada sin orden judicial, agresiones físicas y verbales, robos y uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones, entre otros.
La tortura sigue siendo utilizada de forma recurrente por las fuerzas de seguridad como un método para resolver casos judiciales, debido a que los jueces siguen aceptando las confesiones obtenidas por este medio y a que las denuncias de las víctimas pocas veces son investigadas, según documenta La Jornada.
Algunos casos
En Tamaulipas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó 104 quejas por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas en las que habrían participado la Policía Estatal, el Ejército y la Policía Federal. También 50 actos de allanamiento y 65 formas de abuso de autoridad.
Un fenómeno notable en entidades como Chihuahua, son las vejaciones cometidas por las policías municipales y estatales y agentes del Ministerio Público, en una tendencia similar a la de Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Morelos y Nayarit.
En Jalisco, por ejemplo, ningún servidor público ha sido juzgado por tortura a pesar de que en los pasados siete años se han emitido 27 recomendaciones por este delito contra diversos agrupamientos policiacos, el máximo castigo que recibe un agente es ser suspendido 30 días sin goce de sueldo.
Las autoridades no siempre aceptan el Protocolo de Estambul, el método internacional para identificar a quienes han sido víctimas de tortura porque son consideradas como lesiones.
Este crimen es un fenómeno generalizado en México, se usa como método de investigación criminal, y queda impune.
Soluciones
Amnistía Internacional advirtió en su Informe Mundial 2014 que en México es común la práctica de la tortura para obtener información y confesiones autoinculpatorias: consistentes en golpizas, descargas eléctricas, abusos sexuales y simulacros de ejecución, ante la falta de investigaciones y condenas contra los responsables.
Esta investigación, apoyada en una encuesta realizada por Globescan en 21 países de todos los continentes, reveló que el 64% de los mexicanos “temen ser torturados si son puestos bajo custodia”.
Durante años, la organización ha hecho recomendaciones muy severas al gobierno mexicano para que deje de hacer uso de la tortura como método para obtener información, declaraciones y pruebas sobre la comisión de un delito.
Esta situación revela que el supuesto cambio de estrategia del nuevo gobierno federal no ha rendido frutos: los ciudadanos siguen temiendo a las autoridades tanto como al crimen organizado y la mano militar no aumenta la percepción de seguridad.
Es responsabilidad del Estado poner fin a la práctica de la tortura como un medio para hacer justicia (en el mejor de los casos), sin embargo, también es necesario por nuestra parte exigir nuevos modelos de justicia.
