Tal y como lo pudimos observar recientemente en el caso Ayotzinapa, las Fuerzas Armadas y la Policía en nuestro país siguen llevando a cabo prácticas de tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos sin que existan consecuencias en contra de los responsables, que en buena parte de los casos son funcionarios públicos.
Durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fueron muy pocos los avances en materia de erradicación de la tortura, por lo que lejos de desaparecer, los delitos relacionados con el crimen organizado, la desaparición forzada, los homicidios, etc. aumentaron considerablemente.
Vamos a echarle un ojo al tema de la tortura en nuestro país….
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) retomado por Human Right Watch (HRW), entre diciembre de 2012 y enero de 2018 se recibieron más de 4 mil 600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares.
¿Cuántos son investigados y castigados? Una ridícula minoría. Según una investigación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), los fiscales de la justicia penal ordinaria habrían iniciado 505 investigaciones entre 2012 y 2016 con respecto a delitos y violaciones de derechos humanos que fueron cometidos por soldados.
Solamente se obtuvieron 16 condenas.
El Congreso mexicano aprobó una ley contra la tortura y el uso de pruebas obtenidas mediante coacción en procedimientos judiciales.
El capitulo de México en el Informe Mundial 2018 de @hrw_espanol lo puedes encontrar aqui: https://t.co/D7dXzN1KmJ
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) 4 de febrero de 2018
Pero no solo hablamos de violaciones a derechos humanos por parte de militares, sino también por parte del sistema penitenciario
Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que en 2016, más del 64% de la población penitenciria que se encontraba en 338 cárceles de todo el país informó haber sufrido algún tipo de violencia física al momento de ser arrestada.
63.8% de las personas arrestadas sufrieron algún tipo de agresión física por parte de la autoridad y 75.6% sufrió algún tipo de violencia psicológica.
¿Cuál es la ruta para erradicar esta práctica? https://t.co/0EWllObw0d
— México Evalúa (@mexevalua) 23 de mayo de 2019
¿Más preocupante?
El 19% denunció que recibió descargas eléctricas, el 36% que fueron estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas, así como un 59% que afirmó haber recibido puñetazos o patadas.
De manera impune, el 28% señaló que recibió amenazas de hacer daño a sus familiares.
Según un informe de Amnistía Internacional, los informes de tortura han ido en aumento desde que en 2006 la violencia se fue a la alza.
A pesar de que existen leyes para prevenir y castigar la tortura, el gobierno mexicano sigue negando el uso de la tortura.
#PeriodismodeInvestigación La tortura es una práctica arraigada en las fuerzas públicas del país, considera Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional México https://t.co/2dsAY364gD pic.twitter.com/WIKWPU9Xrr
— El Universal (@El_Universal_Mx) 6 de junio de 2019
