Los chicos de Amnistía Internacional (AI), organización que dedica todo su esfuerzo a velar por los derechos humanos y a denunciar todo lo que los ponga en peligro, incluyendo los gobiernos, están realizando una campaña llamada “Stop Tortura”.
La campaña arrancó con un informe titulado “La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas“. Esta investigación, apoyada en una encuesta realizada por Globescan en 21 países de todos los continentes, reveló que el 64% de los mexicanos “temen ser torturados si son puestos bajo custodia” índice superado sólo por Brasil, donde el 80% de los encuestados comparten este miedo.
La encuesta revela un temor que no es infundado. Durante años, la organización ha hecho recomendaciones muy severas al gobierno mexicano para que deje de hacer uso de la tortura como método para obtener información, declaraciones y pruebas sobre la comisión de un delito. En febrero, Salil Shetty, director general de Amnistía Internacional, ya había advertido a Peña Nieto sobre la necesidad de poner freno a esta situación durante su visita a nuestro país.
Según AI, los reportes de tortura “han ido en aumento a medida que se ha intensificado la espiral de violencia, a consecuencia de la lucha iniciada en 2006 por el gobierno contra la delincuencia organizada”.
Esta situación revela que el supuesto cambio de estrategia del nuevo gobierno federal no ha rendido frutos: los ciudadanos siguen temiendo a las autoridades tanto como al crimen organizado y el intervencionismo militar no aumenta la percepción de seguridad.
Salil Shetty acompaño este último documento con una nueva carta dirigida a Peña en la que reitera sus recomendaciones para poner fin a los “los actuales patrones de desapariciones, tortura y detenciones arbitrarias, así como los ataques habituales contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres, con independencia de si los perpetradores son o no funcionarios del Estado”.
- Aunque en 2008, México realizó una reforma penal en la que se estableció que toda evidencia o testimonio obtenidos por medio de la tortura serían declarados inválidos ante la justicia, la guerra iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto ha hecho un uso continuo de ella.
- 64% de los mexicanos temen ser torturados por alguna autoridad.
- Por obvias razones, la tortura es un delito poco denunciado en cualquier parte del mundo. Con todo, entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó 7 mil quejas en contra de elementos federales, desconociéndose las aplicadas por elementos estatales o paramilitares. Este número, no obstante, representa tan sólo la punta del iceberg.
- El consejo de la Judicatura Federal informó a AI que sólo habían dictado 7 sentencias por torturadesde 1991. El Instituto Nacional de Estadística sólo registra 5 sentencias por tortura en 2 estados entre 1965 y 2012.
- El dato anterior entra en contradicción con las cifras entregadas por el gobierno mexicano al Comité Contra la Tortura en 2012. Según ese documento, sólo en ese año se había registrado 5 sentencias por tortura, 143 por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 304 por uso indebido de atribuciones.
- Entre 2008 y 2013, 8 mil 595 personas estuvieron encerradas por un periodo igual o mayor a 80 días. De ellas, sólo el 3.2% fueron encontradas culpables posteriormente. Esto implica el uso de la cárcel y el arraigo como herramienta intimidatoria.
- Según los 20 expedientes de las revisiones médicas hechas post-tortura revisados por AI, los exámenes se realizan años después, cuando ya no existen pruebas físicas de los daños.
- AI describe el patrón de tortura en México como una sucesión de “amenazas de muerte, amenazas contra familias de detenidos; simulacros de ejecución y amenazas de desaparición forzada; palizas; posturas en extensión; asfixia mediante bolsas de plástico o trapos mojados; introducción de agua con gas o chile por la nariz del detenido; descargas eléctricas: violación y otra formas de violencia sexual“.
- AI también remarca que en México, el uso de la tortura es respaldado culturalmente por la exhibición de sujetos lastimados tras horas de maltrato físico y psicológico ante los medios de comunicación para dar cuenta de la aprehensión de criminales.
- AI también señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha ignorado sistemática y consistentemente las 20 recomendaciones que la institución internacional le ha hecho.
Es responsabilidad del Estado poner fin a la práctica de la tortura como un medio para hacer justicia (en el mejor de los casos), sin embargo, también es necesario por nuestra parte exigir nuevos modelos de justicia y nunca aplaudir la tortura como una forma de combatir al mal. La tortura no es un problema puramente gubernamental: está clavada en nuestra cultura y seguirá ocurriendo mientras no dejemos de aceptarla como un medio extremo pero necesario.
