SCJN destituye 24 funcionarios públicos del Edomex y Puebla por desacato a sentencias

Ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le metieron turbo a la chamba y en solo 40 minutos destituyeron a más de 20 funcionarios públicos de Puebla y el Estado de México… y como todavía les sobró tiempo, también consignaron a otra veintena de exfuncionarios.

De acuerdo con Milenio, las destituciones derivaron de la observación de irregularidades en las administraciones de Coacalco y Tlacotepec de Benito Juárez, en el Estado de México y Puebla, respectivamente. En ambos casos, se desintegró al cabildo y se ordenó la destitución de los presidentes municipales, debido a que estos no acataron mandatos judiciales.

En el caso de Coacalco, la destitución del edil Erwin Javier Castelán se produjo luego que en 2013 las autoridades fallaron en un laudo laboral a favor de un trabajador a quien se le tenía que pagar 2 millones 369 mil 890 pesos. Sin embargo, el cabildo y el administrador local se hicieron de la vista gorda y dejaron que la deuda se incrementara hasta más de 4 millones de pesos. Ya que el incumplimiento del fallo ocurrió desde la administración anterior, se acordó consignar al exalcalde, David Sánchez Isidoro, así como a los que formaban parte de su cabildo. Un detalle: actualmente Sánchez Isidoro es diputado federal, por lo que la PGR analizará si lo ordenado por la SCJN elimina automáticamente el fuero del que goza.

En lo que respecta a Tlacotepec de Benito Juárez, el caso tuvo su raíz en un predio indebidamente expropiado y que -por lo tanto- debía de ser devuelto… pero como en el terreno ya se había construido un campo deportivo, entonces las autoridades fueron conminadas a efectuar un pago de 967 mil 397.54 pesos. No pregunten por qué, pero la administración del municipio poblano se hizo concha y decidió no cumplir con la orden. Así que ahora enfrentan un desacato por doble incumplimiento.

“En este caso, además, se está incumpliendo con una determinación también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que esto no es una determinación optativa para la Suprema Corte, es una obligación que la Constitución nos impone de sancionar y destituir a los funcionarios conforme al artículo 107, fracción 15 de nuestra Constitución federal”, señaó el ministro presidente de la Corte, Luisa María Aguilar Morales. En total son 40 funcionarios los que sentirán el rigor de la ly:  26 activos y 14 ya fuera de funciones.