Aunque Enrique Peña Nieto ya dijo que no habrá cambios en el gabinete y, entonces, en definitiva el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, no será molestado por el tema del “socavón” del Paso Exprés de Cuernavaca, todavía hay quienes le siguen moviendo al asunto. Lo cual es por demás necesario. ¿Se dan cuenta que el tema ya se está “olvidando”?
Hace unos cuantos días todo mundo clamaba por la cabeza del secretario de Comunicaciones y Transportes… pero entre exgobernadores rateros, pseudo narcobloqueos capitalinos y dizque selecciones nacionales, el ridículo de una fallida construcción presumida por el mismísimo presidente se ha ido a rellenar el tremendo socavón que “nació” a los tres meses de que el mentado Paso Exprés fue inaugurado. No así para la asociación civil Transformando Somos Más que ya entabló sus respectivas denuncias, al menos para que las autoridades vean que todavía hay quien se acuerda de tan tremenda fregadera, por la cual el buen Ruiz Esparza nomás dio un apoyo económico a las familia de las dos víctimas, “por el mal rato”.
La primera de las denuncias es de tipo penal y se presentó desde el pasado 17 de julio ante la Procuraduría General de la República (PGR). La denuncia no es sólo contra el titular de la SCT, sino contra otros dos servidores públicos (el director general de carreteras de la SCT, Clemente Poon y el delegado de la pendencia en Morelos, José Luis Alarcón), a quienes se busca que la Procuraduría prive de su libertad. El plazo para que la PGR dé una respuesta es de 10 días hábiles.
Pero bueno, si las autoridades sienten gacho de entambar a tan fino funcionario, entonces podrían sancionarlo, aunque sea, administrativamente: la otra denuncia fue interpuesta ante la Secretaría de la Función Pública y con ella se pide que Ruiz Esparza sea separado inmediatamente de su cargo y, además, se le inhabilite por 20 años para desempeñar cualquier cargo público. Ya si de verdad hacen su trabajo, las autoridades podrían considerar imponer alguna multa para resarcir el daño al erario.
El Colegio de Ingenieros realizará un peritaje de lo ocurrido y determinará responsabilidades, en su caso.
— Gerardo Ruiz Esparza (@gruizesp) 12 de julio de 2017
Carlos Augusto Morales, presidente nacional de la asociación civil, señaló que la denuncia ante la SFP se da por no supervisar de manera puntual las obras en el Paso Exprés. Además, en el caso de Poon, se reclama que haya permitido la elección de las constructoras Aldesa-Epccor, “pese a que ocupaban el quinto lugar en el proceso de la licitación pública” y, por si fuera poco, no explicar cómo fue que el costo de la obra se incrementó al 100%. En lo que respecta a José Luis Alarcón, aunque ya se le destituyó de su cargo, se busca que se le investigue por realizar gastos extraordinarios y sin justificación por más de 257.6 millones de pesos.
Además, pese a que el Sistema Nacional Anticorrupción todavía no está bien establecido (no cuenta aún con fiscal), la asociación pide su intervención: “que ésta sea su prueba de fuego (…) el órgano ya tiene responsabilidad de atender y dar seguimiento a esta petición”.
