A este paso igual y llegamos hasta Santa Anna, pero todo sea por limpiar la imagen del honorable partido.

Siguiendo la mecánica de dar el pitazo a ex mandatarios corruptos para que estos tengan chance de escaparse de la justicia, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, aviso que la Comisión de Justicia de su partido analiza la posibilidad de aplicarse en los casos del ex gober de Quintana Roo, Roberto Borge y de Chihuahua, César Duarte, quienes habrían cometido actos de corrupción durante sus respectivas administraciones.

¿Neta, apenas se enteraron?

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Ya que en fechas recientes (bueno, la verdad ya llevan bastante tiempecito… pero ahora se están retomando) se han hecho más que públicas denuncias en contra de los susodichos, el aviso de (Clavillazo) Ochoa se antoja como un tradicional deslinde por parte del PRI… pues así como se aplicó con Javier Duarte, regordete, corrupto y escurridizo personaje al que se expulsó de la institución, previo a la orden de aprehensión que en su contra giró la PGR.

Además de Duarte (el de Chihuahua) y Borge, Ochoa adelantó que incluso se analiza la posibilidad de ir contra un caso especial que se había dado en Michoacán. ¿Quién será? (cof, Fausto Valejo, cof)… ¿y nada más?

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¿Moreira, Yarrington, Montiel… y tooodos los demás? El Clavi… Ochoa dice que “¡momento, la cosa es calmada! Uno a la vez, para que duren lo que resta del sexenio. Eso sí, adelantó que al ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, por el momento ni se lo toquen.

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Que los corruptos acaben en la cárcel “ésa será la exigencia del PRI durante toda la contienda electoral del 2016, 17 y 18”.

Además de “gobers” tranzas, el líder tricolor informó que se está investigando a instituciones del Estado que hayan cometido posibles abusos a la hora de meter la mano en el gasto público… sobre todo en aquellos en los que pudieran estar involucrados gobiernos priistas y, para que vean que no se les olvida:

“El PRI le exige a la PGR que continúe las investigaciones, que cumpla las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte, porque los corruptos deben terminar en la cárcel y los bienes que fueron producto de la corrupción deben ser incautados, como ha sido ya por la Procuraduría General de la República, con el fin de que el dinero regrese al pueblo de México”.

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