Como este año no agarró hueso (cof, y lo de esas transas con naves industriales no duran para siempre, cof), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se vio benevolente y nomás le pidió pa’l refresco a Ricardo Anaya como castigo por andar levantando calumnias contra la constructora Riobóo.
Nomás 16 mil pesitos tendrá que cubrir el buen Ricky Riquín por haber asegurado en cadena nacional (durante el tercer debate presidencial) que la empresa de José María Riobóo recibó contratos sin previa licitación, esto por parte del gobierno del Distrito Federal, en tiempos del ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Proceso, los magistrados consideraron lo dicho por Ricardo Anaya como “una propaganda calumniosa”… lo cual se oye gacho, pero bueno, como enfermedad de esas raras pero fáciles de curar, de gacho nomás tiene el nombre. Así, las expresiones infundadas del entonces candidato de la fórmula “Por México al Frente” sólo son meritorias de un pago un tanto risible, tomando en consideración las sumas de considerable octanaje que manejan los políticos.
En fin, el caso es que la Sala Superior avaló lo que ya había dictaminado la Sala Regional, en relación a que Anaya deje de hacerse güey: sus dichos fueron un manojo de “expresiones en las que el actor generó intencionalmente, la idea de que un sujeto privado era un corrupto”… cosa que para nada está amparada por la libertad de expresión. Algo que, de cajón, debería saber cualquier especialista en Derecho, como lo es Anaya… quien, por cierto, será profesor de la Universidad de Columbia. Tssss, pobres alumnos.
