Un asunto que a todas luces merecía una respuesta rápida y eficaz, fue ignorado por el gobierno federal y estudiantes normalistas fueron atacados de manera violenta en lo que se considera hasta ahora el peor crimen de Estado de este sexenio pero ¿por qué?
Ahora, con manifestaciones en México y en el extranjero, sólo se evidencia que las autoridades no han ofrecido muestras de interés. Aún se espera respuesta por los 43 normalistas desaparecidos. La tragedia se pudo haber evitado si las autoridades hubieran actuado ante denuncias hechas desde el año pasado.
La organización Human Rights Watch (HRW) ayer emitió una carta en la que detalla la reacción tardía que la administración de Enrique Peña ha tenido ante la grave situación que atraviesa el país.
Con este y otros casos que se han presentado en los dos años de administración peñista, se demuestra que los derechos humanos no son prioridad para el gobierno mexicano.
Previo a los hechos ocurridos en Iguala, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR había dado a conocer cifras oficiales respecto al número de personas “no localizadas” que hay en el país, las cuales mostraban clara tendencia a la alza… nada se hizo para mejorar el panorama, con todo y la creación Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, que por cierto, brilla por su ausencia en estos momentos.
Las palabras del responsable de HRW en la región son emitidas con todo conocimiento del asunto, ya que desde el 2013 la organización que representa en conjunto con otras defensorías de derechos humanos, había solicitado a la PGR la investigación del hoy prófugo presidente municipal de Iguala, Luis Abarca Velázquez:
“Si la Procuraduría General [de la República] hubiera atraído el caso, hubiera hecho caso no solamente a la Red, no solamente a las víctimas, hubiera hecho caso a los llamados internacionales, creemos que los lamentables hechos del pasado 26 de septiembre no se hubieran dado”,
Señala María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, en relación al asesinato de tres activistas políticos en Guerrero, quienes “temían por su vida, específicamente a manos de funcionarios locales”.
No es la primera vez que la Normal Rural Raúl Isidro Brurgos de Ayotzinapa es atacada,a finales del 2011 también fueron atacados por la policía, por lo que la versión de que el crimen organizado atacó a los estudiantes, resulta inverosímil.
“Tenemos el temor fundado en que José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal Constitucional de Iguala, pudiese ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de las distintas organizaciones del referente social ‘Unidad Popular’”, había denunciado mediante un comunicado HRW.
Días después, los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, fueron encontrados muertos sobre una autopista, Abarca continúo en el poder y… bueno, desapareció dejando en su municipio la incertidumbre de qué fue lo que pasó con los jóvenes que desaparecieron a manos de policías e integrantes de un grupo armado.
En medios de todo el mundo, se habla de Ayotzinapa, particulamente en el periódico The Economist, le recomiendan a Peña Nieto esconder la cabeza bajo el suelo:
“La administración del señor Peña ha tratado de restar importancia a la violencia de México y priorizar lo económico. Pero casos como este sugieren una tendencia a que esconda su cabeza bajo el suelo”.
¿Por qué atacaron a los estudiantes normalistas?
Ya les habíamos comentado que precisamente los más afectados con la Reforma Educativa, son los estudiantes normalistas.
En la Revolución Mexicana, se tomó a los niños, sobre todo de las clases campesinas, a los más desprotegidos para alfabetizarlos. Atendiendo la necesidad de maestros para la enseñanza primaria en las regiones más pobres se priorizó la formación de maestros campesinos que a su vez pudieran educar a los hijos de los campesinos. Las normales rurales surgieron con Lázaro Cárdenas para llevar educación a todos los rincones del país, particularmente a estas poblaciones de escasos recursos.
Desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho fueron abandonadas y sobrevivieron gracias a las movilizaciones de sus alumnos. Las autoridades muchas veces se vieron obligadas a negociar con ellos, a otorgar algunas concesiones. Pero había también represalias: los alumnos eran expulsados, se les cerraba el comedor o se les cortaba la luz y el agua; a muchos les retiraban las becas. En 1969 el presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya paranoia le provocaba ver como enemigos a los jóvenes, clausuró 15 de las 29 normales rurales.
Este tipo de sistema educativo no cuenta con el apoyo gubernamental suficiente, por los que los estudiantes organizan campañas de recolección de dinero para sus escuelas. Fue en una de estas campañas de boteo, que los estudiantes fueron atacados brutalmente el 26 de septiembre.
Vivimos en un momento en el que las fosas comunes son un mecanismo radical para acallar las voces de los disidentes.
