Estas son algunas postales cotidianas de los medios de comunicación en todas nuestras ciudades y comunidades: periódicos forrados con anuncios gubernamentales (como si fueran autos de Nascar) y mensajes de gobernadores, miembros de las Fuerzas Armadas o nuestros honorables legisladores (tipo “mira todo lo que estamos haciendo por ti, las cosas buenas sí cuentan, checa todas estas hazañas”) a toda hora en la televisión y la radio. Lo peor de todo es que toda esta propaganda abrumadora es con cargo a los contribuyentes. De acuerdo con la organización Fundar, tan solo en los primeros cuatro años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han gastado 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial. Es decir, que se han gastado 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, en anuncios para el Gobierno Federal.
(Este gasto casi equivale al monto previsto por EPN para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos de septiembre).
Durante los primeros cuatro meses de 2017, el gobierno de EPN gastó 98 millones 599 mil 493 pesos para publicitar a la Secretaría de Defensa Nacional (44.6% del total), Pronósticos para la Asistencia Pública, la Presidencia de la República, en mucho menor medida al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otras dependencias e instituciones. Un informe realizado por la organización Artículo 19 (en este enlace pueden consultar, de manera desglosada, quiénes y cuánto presupuesto recibieron), defensora de la libertad de opinión y expresión, indicó que los medios que recibieron más dinero en este periodo fueron Excélsior (8 millones 323 mil 907 pesos), La Jornada (2 millones 52 mil pesos), Milenio (un millón 779 mil 689 pesos), El Universal (un millón 194 mil 893 pesos), Televisa (9 millones 528 mil 701 pesos) y TV Azteca (9 millones 10 mil 868 pesos).
Y por qué esto nos debería importar
En nuestro país no existe una ley que regule la publicidad oficial en los medios de comunicación. Esta carencia genera que el presupuesto de comunicación social se destine de manera arbitraria, se favorezca a los medios afines al Gobierno Federal y se limiten los recursos a los medios críticos, poniendo en riesgo su existencia. En pocas palabras, en la mayoría de los casos, las empresas periodísticas subsisten de la publicidad. Debido a esta razón, publican o deja de publicar ciertas cosas por temor a perder estos ingresos. O buscan repetir la narrativa oficial para obtener mayores beneficios. Leopoldo Maldonado, abogado especializado en derechos humanos y coordinador del programa legal de Artículo 19, indicó en su texto “La Suprema Corte y la publicidad oficial“, que estas condiciones propician censura o autocensura en los medios. Este problema, expuso el especialista, va mucho más allá:
“En principio debe preocuparnos –y mucho– porque este mecanismo de control de la información es también la condicionante de cualquier posibilidad de construir una sociedad democrática. Sin muchas vueltas hay que decirlo: en ausencia de información plural, veraz, crítica y oportuna hay pocas posibilidades de un ejercicio pleno de derechos fundamentales, y por ende, de vivir en democracia”, explicó Maldonado.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar consideró que el esquema actual, y discrecional, del reparto del presupuesto de comunicación social tiene “un efecto silenciador y una restricción indirecta a la libertad de expresión”.
Corte ordena al Congreso emitir ley para regular publicidad oficial
Al inicio de su sexenio, el presidente Peña Nieto se comprometió a regular este aspecto y crear una “instancia ciudadana y autónoma” para supervisar la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios. “Esta medida tiene como finalidad garantizar que los contratos publicitarios se lleven a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información”, informó el mandatario en una carta publicada en diferentes medios de comunicación. A cinco años, el gasto en este rubro sólo se ha incrementado. Artículo 19 promovió un amparo para que la Suprema Corte obligara a nuestros diputados y senadores a hacer crear una ley en esta materia, la cual se había prometido desde 2014 (junto con la reforma político-electoral) y que hasta ahora no han realizado.
El amparo, presentado en mayo de 2014, fue presentado originalmente ante un juez federal; este decidió archivarlo con el argumento de que no era procedente porque no aplicaba para “temas electorales” y porque podría beneficiar a terceros ajenos al procedimiento. Artículo 19 no estuvo conforme con la determinación y pidieron que la Corte atrajera el caso. En agosto de 2015 la SCJN consideró que había elemento suficientes para que el máximo tribunal se hiciera cargo. Ayer, miércoles 15 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir la ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. Los ministros votaron 4 a 1 a favor de la iniciativa del ministro Zaldívar.
Ordena @SCJN al Congreso de la Unión expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. https://t.co/o0AjqJ7FBa
— Suprema Corte (@SCJN) 15 de noviembre de 2017
En un comunicado compartido por la SCJN se informó: “todas las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues éstos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones, y ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos son violados”. La Corte también consideró que la omisión por parte de los diputados y senadores “viola la libertad de expresión, de prensa y de información”.
Al parecer, en algunos medios de comunicación este fallo no fue muy bien visto. O no es de mucha importancia. Estas son las portadas con las que nos levantamos este jueves.
La Jornada (que tristeza), El Financiero. 24 Horas, La Razón, Crónica, El Heraldo (pfff)…, traen la misma (o casi la misma) foto se EPN en su portada. Ahí como que no se da cuenta viendo equipo médico.. pic.twitter.com/xC4HZzpVuQ
— Arturo Angel (@arturoangel20) 16 de noviembre de 2017
También, al parecer, para algunos periódicos hay cuestiones más importantes en la vida nacional que este histórico fallo. Como saber si al presidente Peña Nieto le divierte o no que se burlen de él con aquella frase de “estamos a un minuto de aterrizar, no, menos, como a cinco minutos”. Spoiler alert: le da mucha risa que le hagan bullying con esa frase y, claro, todo fue culpa de un malentendido.
Curiosamente la primera plana de El Universal no trae nada en portada sobre el fallo de ayer en la Corte en el que se obliga al Congreso a legislar sobre contratos de publicidad entre gobierno y medios. Pero en interiores sí trae esto: pic.twitter.com/lJVsgHz9da
— Esteban Illades (@esteban_is) 16 de noviembre de 2017
