De entre todas las noticias que sucedieron el 12 de mayo está una que no hizo mucho ruido en medios, pero que igual hay que ponerle atención porque funciona como un precedente para algo más choncho. Se trata de la resolución —que prácticamente es una orden— de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reservar los datos del personal de la FGR.
O vámonos despacio: la SCJN resolvió reservar los nombres y cargos de las personas que chambean en la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Fiscalía recurriera a la Corte para darle la vuelta a una orden del INAI.
Ajá, resulta que a la FGR le pidieron —vía una solicitud de transparencia— datos de su personal. La solicitud tiene desde 2019 y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le dio luz verde.
Sin embargo, la FGR se movió y llevó esta orden a la SCJN para impugnarla. ¿Y luego? Por acá les contamos por qué se considera polémica a la resolución de la Suprema Corte.
La FGR y el INAI
Aquí se los platicamos súper fácil, pero lo cierto es que para que esta solicitud de transparencia pasara, la persona interesada se aventó unos buenos rounds.
El primero: para que la solicitud fuera atendida por la FGR —vía transparencia.
El segundo: para que la FGR cediera, pues la primera respuesta que dio no fue la que el solicitante necesitaba. Y —ni modo— tuvo que meter un recurso de revisión en el INAI ante la respuesta de la fiscalía.
Ahí fue cuando el INAI le dio la razón al ciudadano y, ¡pum! Ordenó a la FGR entregar la info solicitada.
Llegó otro round cuando la FGR dijo, “pérame tantito” y se fue a impugnar esta resolución a la SCJN.
La polémica de la Suprema Corte
En términos jurídicos, la Fiscalía General de la República presentó una controversia constitucional —o sea, una impugnación— para darle la vuelta a lo resuelto por el INAI. ¿La razón?
La FGR dijo que si difundía la info que le solicitaban, le daría en la torre a sus tareas de investigación y seguridad, así que presentó ante la SCJN este recurso, pidiendo reservar los datos de su personal operativo.
Y la Suprema Corte falló a su favor, con el plus de mantener reservados los datos del personal administrativo, porque también manejan información sensible.
Esta resolución fue cuestionada por activistas, quienes vieron en la decisión de la Suprema Corte un precedente o bueno, una puerta que se abre para que otras instituciones públicas impugnen las órdenes del INAI —entorpeciendo el ejercicio de transparencia o haciéndolo más cansado.
Por ejemplo, acá la opinión de Luis Fernando García, director de R3D (la Red en Defensa de los Derechos Digitales):
“Terrible precedente que acaba de votar la SCJN en materia de transparencia y acceso a la información pública. Las resoluciones del INAI ya no son inatacables para las autoridades. Pueden promover controversias constitucionales para, como mínimo, retrasar el acceso”.
