Este domingo se celebra el Día Mundial del Agua. Ciudadanos, artistas y líderes de opinión han convocado a una protesta para defender nuestro derecho universal a este líquido y a exigir su no comercialización, luego de que el dictamen de Ley General de Aguas (#LeydeAguas) fuera aprobado el 5 de marzo por diputados en comisiones.
De acuerdo con diversas organizaciones protectoras de Derechos Humanos, tales como Fan México (Red Mexicana de Acción por el Agua), Agua para Todos y Greenpeace, la iniciativa favorece la privatización y la mercantilización del agua, cuando debería establecer las normas con las que habría de garantizarse el acceso universal a este líquido y al saneamiento, previstos en el artículo 4 de la Constitución, donde se lee “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Las actividades de mañana son convocadas por la Red de Organizaciones Agua para Todos, en la que se incluyen académicos, universidades, organizaciones en favor de los Derechos Humanos y ciudadanos en general, que buscan la aprobación de un proyecto de ley alternativo que garantice el acceso universal al agua y la proteja de iniciativas privatizadoras.
El día de mañana, a partir de las 11:00 horas, Agua para Todos dará una conferencia frente a Conagua para exponer en 32 puntos los motivos para rechazar el dictamen actual de la Ley de Aguas. Más tarde, dará inicio el mitin-festival “Agua para la Vida, NO para el lucro”, en el que diversos artistas tocarán rock, trova y yambú. Se estrenará el “Rap para Todos”, habrá actividades para niños y se lanzarán globos de Cantoya, para culminar con la instalación de la Contraloría Social del Agua.
En su artículo 49, la ley reduce el acceso al agua al “mínimo vital” de 50 litros diarios para hidratación, higiene y otros usos, frente a los 100 litros previstos por la Organización Mundial de la Salud y ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, limita el acceso al agua a los habitantes de asentamientos legalmente constituidos (art. 10 XLVII) y no a todo ser humano, como lo manda la Constitución.
En su artículo 129, la ley favorece una concepción mercantil del agua, en contra de una visión de derecho. Además, el concepto de “asignación” de aguas nacionales a entidades públicas es sustituido por el de “concesión”, y se inclina hacia los concesionarios participantes en obras de construcción y explotación, antes que a los usuarios, según afirman las organizaciones que se oponen.
La ley podría afectar especialmente a campesinos e industria agrícola , pues promueve el fracking. En su artículo 10 LVI, se prevé el “uso de agua para la extracción de cualquier sustancia para cualquier proceso de transformación”. El fracking es una técnica para la extracción de gas y petróleo que utiliza cantidades muy grandes de agua. Se calcula que para la fracturización de un solo pozo se necesitan ente 9 y 29 millones de litros de agua, que se contaminan con cerca de 300 mil litros de sustancias tóxicas sumamente difíciles de limpiar.
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