Por Esteban Illades
Hace un par de años, cuando parecía imposible el asunto, y poquito después de que un reportaje mostrara que el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa le compraron una casa a un contratista del gobierno, los partidos se pusieron de acuerdo en algo que en teoría ayudaría al país.
Difícil de creer, la verdad, pero nuestros legisladores, nuestro presidente y el poder judicial entendieron que había un problema muy grave con ellos: la corrupción. Todos los demás lo sabíamos, sólo faltaban ellos de entenderlo.
Aunque bueno, ellos también lo entendían, nada más no querían hacer algo al respecto. No por nada el presidente declaró que la corrupción “es un asunto cultural”. Temían a la idea de crear herramientas que pudieran tener consecuencias sobre ellos. Y con razón.
Igual decidieron inventarse un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Presumido por el gobierno a los cuatro vientos, el sistema cambiaría las cosas para bien. Le daría más dientes a las instituciones para perseguir delitos que según la Coparmex (los empresarios del país) nos cuesta casi 10% del Producto Interno Bruto (PIB). (Es decir, México pierde casi 10% de su ingreso porque aquí la gente se transa la lana.)
Crearía jueces especializados, fortalecería la Secretaría de la Función Pública –ésa que Virgilio Andrade, cobrando un sueldo nada despreciable, utilizó para decir que su jefazo y amigo no había hecho nada mal, bola de malpensados– y ayudaría a que por fin, por fin, los corruptos pisaran la cárcel en lugar de las vestiduras de su Ferrari.
El 2015 se volvió 2016 y el 2016 se convirtió en 2017. El congreso aprobó y modificó las leyes, el presidente los y se felicitó porque ahora sí las cosas serían distintas y empezó el proceso para designar al responsable de todo esto: el fiscal nacional que perseguiría los delitos y traería cortos a los políticos mexicanos.
Empezaron las pruebas. Los candidatos fueron avanzando a la fase final, hasta que… se detectó que dos de ellos copiaron en sus ensayos para pedir la plaza. Sabes que hay algo mal –y que tal, vez, tal vez el presidente no esté tan errado al decir que el problema es cultural– cuando dos de los finalistas se copiaron entre sí. Una vez más: dos finalistas para ser el fiscal anticorrupción copiaron. COPIARON.
Luego ya vinieron las negociaciones. Los partidos tenían que decidir a quién querían. No podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien que les pareciera bien a ellos. Ya se imaginarán el prospecto, ¿no? Querían a alguien que se la llevara leve. Un Virgilio Andrade 2.0.
Pero no lo encontraron o Virgilio estaba ocupado ganando un buen de lana en otro lado (casi 150 mil pesos). El 4 de abril entró en funciones el sistema. Pero sin fiscal. Porque México. Pero eso no es, ni podía ser, todo. Lo del fiscal era un problema grave, pero había varios más.
Empezó a funcionar el SNA sin los jueces que se prometieron para sentenciar a los responsables. Y aún peor: sin presupuesto. Según Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional, no les dieron dinero ni para poner una oficina. El órgano rector del Sistema Nacional Anticorrupción tenía que juntarse en un Starbucks o en la casa de alguien para hacer home office y poder comenzar a trabajar.
Aun así se reunieron. Y dirá uno que qué bueno, trabajan a pesar de la adversidad, le están echando ganas para resolver el problema de la corrupción. Pero no. La semana pasada se juntaron los representantes para decidir si le entraban a un tema importante: las acusaciones de espionaje en contra del gobierno federal por parte de miembros de la sociedad civil (tema conocido como #GobiernoEspía).
Podría haber sido un parteaguas que el SNA le dijera al gobierno que le diera toda la información sobre el tema, que le explicara si era cierto o no que estaban espiando y cuánto había costado. Vaya, algo.
La única persona que votó a favor de esta idea fue Jacqueline Peschard, la presidenta del comité. Los demás votaron en contra. El argumento de Peschard era bueno: el espionaje es una violación de un derecho fundamental, y aparte puede derivar en delitos como el de peculado, que en términos no abogadiles implica usar dinero o bienes del gobierno destinados a algo para otra cosa.
(Por ejemplo lo que hizo Javier Duarte durante más de cinco años: dinero que entraba etiquetado para salud, educación u otra cosa, acababa en otro lado completamente distinto, sus bolsillos.)
Los otros miembros no quedaron convencidos. Entre ellos Francisco Javier Acuña, consejero presidente de nada más ni menos que del INAI, el organismo encargado del acceso a la información en México. Entiéndase: la persona que lidera el Instituto que vela por la transparencia prefirió que todo se quedara a oscuras.
Y luego vino Arely Gómez, secretaria de la Función Pública y también miembro del Comité. Gómez, procuradora general de la República cuando el gobierno empezó a operar Pegasus, el programa utilizado para intervenir teléfonos, decidió que era buena idea participar en la votación, a pesar de que debía haberse excusado por conflicto de interés. (¿Conflicto de interés? Yo no entender ese término.)
Pero, una vez más, porque México, no sólo no se excusó, sino que votó en contra de pedir la información. Y ni siquiera argumentó. Los otros al menos tuvieron la decencia de explicar (o “explicar”) por qué estaban en contra. No la exprocuradora. Ella no se tuvo que justificar ante nadie.
Y nada sabremos, al menos no gracias al flamante Sistema Nacional Anticorrupción, sobre el espionaje a privados.
Pero ahí no acabó el asunto. Mientras el Comité se hacía de la vista gorda con el Pegasus, cual FIFA con el VAR y los penales, el propio Senado y los medios lo torpedeaban para no dejar duda de que nadie quiere ser investigado.
Primero vino El Universal, autodenominado “El gran diario de México”. Con dos notas en primera plana en días distintos, el periódico le tiró con todo al SNA, al decir que había habido corrupción en la elección de los miembros del comité ciudadano que también participaría en el nuevo Sistema. Pero las notas mismas eran tramposas pues ignoraban a conveniencia varias cosas. Según El Universal, no se había elegido a los mejores candidatos para ocupar el Comité. Sí se hizo, al menos con los criterios que aprobaron los propios legisladores para conformar el SNA.
Eso no importó. El periódico decidió pelearse con la verdad.
Y después apareció Pablo Escudero, presidente del senado y miembro de esa rémora conocida como Partido Verde Ecologista. Escudero se trepó a la nota y decidió utilizarla para torpedear con todo a un organismo que de ser el caso, lo podría investigar en un futuro.
Tan grave fue lo de El Universal que, en algo que no se veía en mucho tiempo, seis columnistas del periódico renunciaron por la abierta campaña contra el Sistema.
Hoy @actuaporlasalud @oxfammexico @GIRE_mx y Fundar renunciamos a nuestro espacio editorial en @El_Universal_Mx https://t.co/IA1ryT64Qp pic.twitter.com/qSWNMGyUGr
— Fundar (@FundarMexico) July 7, 2017
No es para menos, querido sopilector. En estas semanas vimos al congreso, a los medios de comunicación, al sistema y al resto del gobierno, todos unidos en una causa en común, como no se veía en mucho tiempo: encargarse de que la herramienta que prometieron para resolver ese gran problema llamado corrupción nunca funcionara.
Y de paso tratar de jalarnos a los ciudadanos a su hábitat natural:
(Por vacaciones, Con peras y manzanas vuelve en agosto.)
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Esteban Illades
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