Los efectos económicos del sismo

Por Diego Castañeda

En cualquier desastre natural las pérdidas más importantes son las de vidas; no obstante, las pérdidas materiales también juegan un papel importante. Para México, en específico para la Ciudad de México, tras el sismo, estas pérdidas no sólo son cuantiosas sino que pueden tener repercusiones importantes en la evolución de la ciudad y su sector inmobiliario.

De acuerdo a distintos analistas de riesgo especializados en desastres naturales y aseguradoras, los daños asegurados en la Ciudad de México y otros estados podrían ser de entre 1.2 mil millones de dólares (más de 20 mil millones de pesos) hasta 4.8 mil millones de dólares (más de 90 mil millones de pesos) y, contando los daños no asegurados, se podría sobrepasar la cifra de 8 mil millones de dólares (más de 160 mil millones de pesos). Aún es temprano para tener una cifra definitiva y puntual de los daños materiales, pero los rangos preliminares rondan 1 punto porcentual del PIB del país.

¿Por qué es importante estimar correctamente los daños materiales?

Estimar correctamente estos daños materiales es de suma importancia porque es un paso clave para poder ayudar a las personas que perdieron su patrimonio y la necesidad de inversión futura, tanto pública como privada para reponer el acervo de capital perdido; particularmente, la infraestructura pública que ha sufrido serios abandonos por décadas e inexcusablemente requerirá mayor inversión en el futuro. Una lección que nos debe dejar el terremoto del 19 de septiembre de 2017 es que necesitamos un Estado más solido, con mayores recursos y flexibilidad para la movilización efectiva de los mismos. Cuando podamos estimar puntualmente los daños este punto se volverá evidente. Tendremos una mejor idea de las necesidades de inversión.

Tomar como punto de partida las estimaciones de las aseguradoras en su rango más bajo (1.2 mil millones de dólares) nos deja ver un problema serio de la ciudad, y en general el país: la baja penetración financiera. México es un país donde un buen número de personas no tiene acceso a crédito y un número aún mayor no tiene acceso a seguros. La falta de seguros a la propiedad expone a las personas al riesgo de perderlo todo cuando la naturaleza azota al país.

Las burbujas inmobiliarias

La extensión de los potenciales daños materiales también nos expone a un elefante en el cuarto que en la Ciudad de México habíamos ignorado: las burbujas inmobiliarias. Por algún tiempo existe la sospecha entre diversos economistas y analistas financieros que zonas como la Roma-Condesa o Reforma tienen un comportamiento de burbuja en sus mercados inmobiliarios —mucha especulación, muchas fibras (vehículos de inversión inmobiliaria) y precios del espacio para la compra y la renta en constante crecimiento.

La burbuja, si existe, posiblemente reviente como consecuencia del sismo conforme zonas afectadas pierden deseabilidad y la demanda caiga. Si bien este seria más bien un efecto secundario del sismo es importante porque, como en todas las burbujas, aquellos que invirtieron en ella y no salieron a tiempo perderán y muchos de esos potenciales perdedores serán personas de clase media que contaban con algún crédito hipotecario. La constructora/desarrolladora no perderá, el banco no perderá (el seguro lo cubre) el pequeño ahorrador con un crédito y que perdió su vivienda es el que termina por absorber todo el riesgo.

Especulación sobre terrenos

Otro de los efectos secundarios en materia económica que trae el sismo es mayor especulación sobre la tierra. Es el momento en que un Estado ausente, que no regula apropiadamente el mercado resulta un verdadero problema. Sin regulación y protección a los propietarios, las personas que perdieron sus hogares podrían terminar viéndose forzados a vender a una fracción del precio al que compraron a personas que luego capturarán recursos públicos para demoler y reconstruir y luego… especular nuevamente con esos espacios. En los hechos se daría una suerte de transmisión de la riqueza de los afectados a los especuladores.

Finalmente, la demanda de vivienda que surgirá en la Ciudad de México y en los otros estados tendrá diferentes consecuencias. Para la Ciudad de México veremos con seguridad mucho movimiento en el sector inmobiliario. Habrán incrementos en el valor de las rentas en lugares que se vuelvan más deseables. Lo anterior podría generar distorsiones en una gran serie de aspectos, desde los patrones de desplazamiento, tráfico y hasta presión sobre la provisión de servicios públicos como el agua.

¿Qué podría hacer el gobierno?

Para prevenir estas problemáticas y ayudar a las personas, un gobierno sensato en la ciudad implementaría una serie de políticas para proteger a sus ciudadanos. En materia de seguros modificaría las leyes o reglamentos para hacer que las empresas constructoras y desarrolladoras estén obligadas a cubrir a los clientes en caso de incumplimientos a las normas de construcción. Aprovecharía la oportunidad para intentar desarrollar un mercado de seguros más amplio y disminuir las asimetrías de información que impiden su buen funcionamiento.

Un gobierno preocupado por la especulación inmobiliaria usaría las herramientas que tiene para expropiar los terrenos que necesitaron demolición, asegurando un pago justo a sus dueños para posteriormente usarlos en proyectos de vivienda social que pudiera ser adquirida con facilidades crediticias a través de la banca de desarrollo u otros vehículos. A su vez, incentivaría la construcción de espacios que pudieran ser rentados con facilidad para aminorar los movimientos bruscos en la demanda de vivienda en la ciudad.

También es urgente la prevención

Un gobierno que desea prevenir estas tragedias modificaría los reglamentos de construcción para hacer obligatorio para los edificios viejos el reforzamiento estructural. En la actualidad los edificios nuevos están sujetos a la resistencia que las nuevas normas de construcción les imponen; sin embargo, los edificios viejos no están obligados a incrementar su resistencia. Esto no puede continuar. Aunque sea costoso, se debe incentivar el reforzamiento de edificios; con el objeto de apoyar el proceso, el gobierno podría destinar recursos a ello.

Los efectos económicos del terremoto son grandes y, con el paso del tiempo, podremos estimarlos de manera precisa. El gobierno de la CDMX cuenta con un fondo de desastres con más de 9 mil millones de pesos. Específicamente, el fondo es para atender los desastres e infraestructura. Ese dinero debería ser aprovechado para atender estos costos: Para impulsar la seguridad de los edificios en la ciudad; facilitar créditos para compra y labores de reforzamiento; para construir vivienda para renta y proteger a las personas que hoy ven su patrimonio en riesgo.

No sólo la Ciudad de México

Por último, acciones semejantes deberían emprenderse en el resto de los estados; en particular, implementando normas de construcción y supervisión de las tareas de reconstrucción. El Gobierno Federal, durante la emergencia, fue incapaz de adquirir una bolsa de hielos; por tanto, en la reconstrucción debemos demandar que al menos reconozca que debe cumplir la tarea fundacional de todo Estado: asegurar la integridad física de sus habitantes y proteger su propiedad.