Como les informamos ayer, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) decidió resolver a favor de afiliados al sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, para que éste les haga entrega de 54 millones de dólares… pero cuál… ahora resulta que el dinero ya fue repartido desde hace tiempo.
Al menos eso es lo que asegura el propio sindicato minero: la nada despreciable cantidad reclamada – la cual había sido depositada en u fideicomiso por Grupo México – ya fue pagada a los agremiados. Es más, para que vean que así fue, el gremio retó al mencionado Grupo México, a la Secretaría del Trabajo y hasta al Gobierno Federal a presentar pruebas que desmientan que toda esa lanota ya fue repartida entre los trabajadores.
Ayer en el periódico Reforma se publicó información relacionada con este caso, señalando que la demanda de los supuestos beneficiarios data de 2006. A grandes rasgos, la polémica consiste en que el dinero depositado por Grupo México no fue repartido por el sindicato. “Se dictó un laudo ilegal. El Sindicato es dueño de los recursos y aun así se hicieron los pagos antes referidos”, reviró el sindicato en comunicado dado a conocer ayer mismo. “Se acredita que no habrá de pagarse jamás la suma de 55 millones de dólares”.
Especula @lopezobrador_ que el @TEPJF_informa está siendo presionado para desechar la candidatura plurinominal de Morena al senado, en favor de Napoleón Gómez Urrutia, el ‘Napito’. https://t.co/t5zpv4vOe6 pic.twitter.com/h8g8ul72Zi
— Revista etcétera (@revistaetcetera) 10 de mayo de 2018
De acuerdo con la organización dirigida por Gómez Urrutia, se promoverá un juicio con el fin de determinar la inconstitucionalidad del laudo dictado por la JFCA. De acuerdo con el sindicato minero, en dos juicios acumulados se ha acreditado el pago a los beneficiarios del fideicomiso… no todo, pero sí una parte. “El sindicato pagó la cantidad de 233 millones 539 mil pesos a 5 mil 202 trabajadores o beneficiarios, mientras que 71 trabajadores o beneficiarios no cobraron los cheques, mientras que otros fueron cancelados por diversos motivos”.
Por otra parte, pidió hacer memoria para recordar que, en 2007, la comisión de Hacienda del sindicato rindió un informe en el que constaron gastos, erogaciones, así como manejo de fondos del mentado fideicomiso. Todo fue revisado y aprobado.
Al respecto, el juez de Napo aclaró que la resolución de la JFCA además de no ser definitiva, tampoco es contra su cliente… va en contra del sindicato minero y éste impugnará. “En el propio laudo existe una serie de violaciones, que estamos seguros van a derivar en una concesión del amparo para que la junta tenga que emitir un nuevo laudo (…) El laudo es ilegal e inconstitucional porque nos condena a pagar dinero que no tenemos, es dinero del sindicato, no de los trabajadores y aún con eso el sindicato decidió ya repartir una parte”, señaló el abogado.
