El pasado sábado se dio a conocer la muerte de la primera víctima producto de la #LeyBala en Puebla: un niño de sólo 13 años de edad. Al respecto el gobierno encabezado por Moreno Valle se ha negado a asumir responsabilidad, alegando que el golpe que llevó al menor a caer en estado de coma y posterior muerte cerebral, provino de los propios manifestantes de Chalchihuapan y no fue bala de goma, sino un cohetón. Incluso el encargado de la Seguridad Publica en Puebla, Facundo Rosas, aseguró que el gobierno poblano nunca ha adquirido balas de goma… Ahora surgen nuevas informaciones y la pregunta es ¿a quién le creemos?
Desde 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) ha hecho recomendaciones a las autoridades sobre la utilización de balas de goma. Según pública La Jornada, en ese año pobladores de la Ciénega Larga –municipio de Chugnahuapan- fueron violentamente desalojados por la policía estatal mediante el uso de estos proyectiles.
Dirigida al entonces titular de la SSP del estado, Ardelio Vargas Fosado, en la recomendación consta que el 23 de agosto de 2011 “los inconformes junto con un grupo aproximado de quinientas personas, se encontraban de manera pacífica en las inmediaciones del predio conocido como “Cieneguilla” (…) lugar del que señalaron ser poseedores (…) a partir de las 6:30 horas de ese día, alrededor de doscientos elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, llegaron en diversas camionetas y autobuses a ese lugar y con violencia comenzaron a desalojarlos del predio, sin mostrarles una orden de autoridad judicial competente, lanzando petardos, gas lacrimógeno, balas de goma, recibiendo jalones de cabellos, patadas, empujones, golpes mediante palos y macanas, aventándolos a las camionetas de la Policía Estatal, ocasionándoles diversas lesiones y privándolos de su libertad personal”.
Este documento de Derechos Humanos, desmiente a Rafael Moreno Valle -gobernador de Puebla desde febrero de 2011- y su secretario de Seguridad Pública, quienes en repetidas ocasiones han declarado que su gobierno no hace uso de ese tipo de proyectiles (balas de goma) para dispersar manifestaciones… es más, dicen que ni siquiera se han adquirido.
La SEDENA confirma que la Policía Estatal no ha adquirido balas de goma #Puebla pic.twitter.com/ssoYlBl9G9
— Seguridad Pública (@SSP_Puebla) julio 19, 2014
Para resaltar las contradicciones en que ha caído el gobierno poblano, el periódico Intolerancia ayer publicó un comunicado emitido de manera anónima por policías estatales, quienes confirmaron que en el desalojo realizado el pasado 9 de julio –en el que el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue herido- sí hubo orden de disparar “con todo” contra los manifestantes, orden que provino de la Dirección de Operaciones Policiales.
Si bien no se apunta que los proyectiles utilizados fueran balas de goma, los policías denuncian que el inspector Guillermo Palma Salazar les pidió sacar “todo el gas con que se contara”, es decir, granadas y proyectiles caducados.
Hay mucho que debe aclarar el gobierno de Moreno Valle, ya que incluso en el acta de defunción del menor hay irregularidades: consta que su muerte fue producto de un golpe contundente y no de un presunto paro cardíaco-respiratoria como se informó: “En ninguna parte del certificado de defunción 140625077 firmado por el médico Nahu Juárez Meza, del Servicio Médico Forense (Semefo) del Poder Judicial del estado, se consigna que el menor de Chalchihuapan falleció como consecuencia de un paro cardio-respiratorio irreversible”, señala el portal e-Consulta.
Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto, había tramitado un amparo para evitar que su hijo fuera desconectado, debido a que días antes del fallecimiento se le diagnosticó muerte cerebral. Con esta información recabada por e-Consulta, los abogados encargados de este caso comentaron que se podría demandar la exhumación del niño y realizarle nuevamente una autopsia, esto para verificar si el gobierno decidió unilateralmente desconectar a José Luis, en contra de la decisión de sus familiares.
Las autoridades poblanas tienen mucho que explicar.
