El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue vendido como un mecanismo que buscará prevenir, investigar y sancionar la corrupción involucrando a actores de la sociedad civil y autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Es decir, un ejercicio que permita la rendición de cuentas, promueva la transparencia para fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Para implementar el sistema se realizaron esfuerzos como la aprobación de la Ley #3de3 y adecuaciones al Código Penal. El nombramiento, y el mismo proceso de selección de los cinco integrantes que conforman el Comité de Participación Ciudadana hizo parecer que el SNA iba en serio. El nombramiento de la doctora en ciencias sociales Jaqueline Peschard, como cabeza del comité, además de la participación de la socióloga Mariclaire Acosta Urquidi, el doctor en ciencias políticas Alfonso Hernández, el maestro en administración de negocios José Octavio López y el doctor en derecho Luis Manuel Pérez de Acha, hizo pensar que la lucha contra la corrupción daba pasos en la dirección correcta.
Pero, poco a poco, la confianza sobre el Sistema Nacional Anticorrupción ha ido decayendo. El pasado 19 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó el acuerdo para crear la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, también conocida, simplemente, como Fiscalía Anticorrupción, aunque la publicación significó un revés para la autonomía del órgano. En el acuerdo publicado por la PGR se plantea la supeditación de la Fiscalía a la dependencia dirigida por el procurador Raúl Cervantes Andrade. Desde los nombramientos de los agentes del Ministerio Público de la Federación, la falta de un área independiente de científicos forenses, hasta la imposibilidad de investigar presuntos actos de corrupción de funcionarios de la PGR. Como si fuera poco, nuestros legisladores tampoco han abonado mucho a la correcta implementación del SNA. Los integrantes del Senado de la República tienen la tarea de nombrar al Fiscal Anticorrupción: han pasado 3 años y un mes, y no han logrado cumplir con su tarea.
Ayer, 27 de abril, concluyeron los trabajos de la Cámara Alta del primer periodo ordinario de sesiones y el Senado pasó por alto, de nuevo, su responsabilidad. De acuerdo con el periódico Reforma, nuestros legisladores tenían la encomienda de nombrar al zar anticorrupción desde marzo de 2014, fecha en que la Fiscalía fue creada. El nombramiento ha tenido sus atenuantes: desde el amago de instalar en automático al procurador Cervantes Andrade como Fiscal Anticorrupción, episodio motejado como #FiscalCarnal, hasta el penoso plagio en el que se vieron involucrados Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate, dos de los aspirantes al cargo. La tardanza ha sido tal que, incluso, el Sistema Nacional Anticorrupción ya sesionó sin su cabeza. “(El no tener Fiscal Anticorrupción) afecta la labor porque es uno de los integrantes. Está el procurador, que es la cabeza de la Fiscalía especializada anticorrupción, pero lo ideal es que haya una figura que sea plenamente responsable y que empiece a tomar en sus manos los asuntos que ya están en proceso. Entonces sí, es urgente”, dijo la doctora Peschard al respecto.
Además del nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción, los senadores quedaron a deber la desginación de 18 magistrados especializados en combatir la corrupción. Aunque, bueno, el presidente Enrique Peña Nieto envió la lista de los candidatos apenas cinco días antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones. De acuerdo con Reforma, los legisladores del PRI y el Partido Verde —también— se negaron a incluir reformas para garantizar la autonomía del Fiscal Anticorrupción. ¿Y ahora qué pasará? La Comisión Permanente del Congreso de la Unión será la encargada de procesar la elección de los magistrados, mientras que los senadores se alistan a un periodo extraordinario, eso sí, después de las elecciones de junio.
