El pasado 30 de noviembre, en una sesión llena de irregularidades, los miembros de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen para la creación de la Ley de Seguridad Interior. Horas más tarde, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, la ley fue aprobada en lo general por el pleno y turnada al Senado de la República. Este martes 5 de diciembre, los senadores discutirán y, en su caso, aprobarán la llamada #LeyGolpista, a pesar de que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado que, en los términos actuales, el proyecto no aportaría soluciones reales a la crisis de seguridad en el país y, por el contrario, representa riesgos para la vigencia de los derechos humanos.
Los promotores de la Ley de Seguridad Interior aseguran que esta es una “ley para ciudadanos”—en la que se preservará el régimen de libertades, igualdad y paz—, que las Fuerzas Armadas respetarán las manifestaciones sociales y que con esta iniciativa se busca dar instrumentos “más sólidos” al Ejército y la Marina para su accionar. Por el contrario, especialistas en la materia y organizaciones no gubernamentales han señalado que la #LeyGolpista da a las Fuerzas Armadas la facultad de hacer labores de policía —para las que no están capacitadas— y llevar a cabo “acciones preventivas” a su criterio. El proyecto no menciona la generación de controles para verificar el respeto a los derechos humanos, simplemente se limita a decir que estos “se respetarán”.
Como está redactada, la #LeyGolpista no prevé el fortalecimiento de las corporaciones policiales estatales y municipales en tiempos y con metas establecidas. Uno de los argumentos principales para sacar al Ejército a las calles es que no existe policía confiable y limpia en México; mantener a las Fuerzas Armadas realizando labores para las cuales no fueron entrenadas, aparte de elevar los índices de tortura, ejecuciones y desapariciones, como han demostrado algunos estudios, también evita que las policías se profesionalicen.
“Inventar un camino legal para que los estados y municipios se deshagan de su responsabilidad y la pongan en manos de otros es exactamente incentivar lo que alargará el problema por siempre (…) el Ejército necesitará y obtendrá más recursos que después no querrá dejar, los estados y municipios no tendrán necesidad alguna de construir policía, los estados procuradurías, la Policía Federal quedará, como ha quedado, tan pequeña como hace cuatro años”, explicó el periodista Carlos Puig en diciembre del año pasado, cuando se trató de aprobar el proyecto por primera ocasión.
¿Qué podemos hacer para que no pase la Ley de Seguridad Interior?
En su sitio web, el colectivo #SeguridadSinGuerra ha creado una plataforma para exigirle a los 128 senadores votar en contra de la #LeyGolpista. A través de la página, quien lo desee, puede enviarle un correo electrónico a los legisladores que decidirán en las próximas horas el futuro de este proyecto. En este enlace pueden firmar en contra de la Ley de Seguridad Interior, además de consultar testimonios de las víctimas, la opinión de diversos académicos y una serie de propuestas para llevar a cabo en “lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas”.
La #LeyGolpista será discutida este martes, en un penúltimo paso antes de la aprobación de la propuesta, en las comisiones de Marina, Defensa Nacional, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, integradas por 46 legisladores. En caso de que estos aprueben la ley, pasará al pleno.
1) La comisión de Marina está integrada por los senadores Ricardo Barroso Agramont (PRI), Miguel Barbosa Huerta (PT), Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), Ernesto Ruffo Appel (PAN) y José Francisco Yunes Zorrilla (PRI).
2) La comisión de Defensa Nacional está compuesta por Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Marcela Guerra Castillo (PRI), Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), Iris Vianey Mendoza Mendoza (PRD), Manuel Cavazos Lerma (PRI), Sandra Luz García Guajardo (PAN), Patricio Martínez García (PRI), Carlos Romero Deschamps (PRI), Miguel Barbosa (PT), Fernando Torres Granciano (PAN) y Joel Ayala Almeida (PRI).
3) En la comisión de Gobernación participan los senadores Salvador Vega Casillas (PAN), Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Luis Sánchez Jiménez (PRD), Ángel Benjamín Robles Montoya (PT), María Cristina Díaz Salazar (PRI), Héctor Larios Córdova (PAN), Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Dolores Padierna Luna (PT), María Verónica Martínez Espinoza (PRI), Gerardo Sánchez García (PRI), Miguel Ángel Chico Herrea (PRI), Esteban Albarrán Mendoza (PRI), Manuel Cárdenas Fonseca (sin grupo), además de dos senadores (uno panista y otro sin grupo) de los cuales no existe información en los portales.
