El miércoles 29 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto exhortó al Congreso de la Unión a aprobar la Ley de Seguridad Interior, toda vez que el proyecto pasó de ser una “iniciativa valiosa” a una “imperiosa necesidad“. Esta ley, afirmó EPN, busca brindar mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) y dotarlas de un marco jurídico que regule su participación en las labores de seguridad pública.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados discutió y —tras dos horas de discusión— aprobó la #LeyGolpista con 18 votos a favor (PRI, PVEM, PANAL, PES y una diputada panista) y 13 en contra (PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano). Hay que enfatizar que los diputados querían sostener la discusión en secreto y sin transmisión en el Canal del Congreso. Tampoco permitieron acceso a prensa, expertos en el tema, académicos y organizaciones no gubernamentales.

La ley fue turnada a la Mesa Directiva para someterla a discusión, en fast track, este mismo jueves en el pleno. Los legisladores cambiaron el orden del día para comenzar a discutir la ley. PRI, PVEM, PES, PANAL y Morena se posicionaron a favor de que se modificara la orden del día para votar la ley.

Tras la votación, los diputados salieron por la parte trasera del salón para evitar encontrarse con los activistas que estaban en la entrada. Esta fue la reacción de Claudia Sánchez, la única diputada panista que votó a favor:

La discusión en el pleno

El coordinador de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, previó que el dictamen de la Ley de Seguridad Interior será aprobada por mayoría, a pesar de la oposición que han manifestado legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. “Atengámonos al resultado, es previsible que se vote con mayoría y en una democracia consolidada como la nuestra es válido que un dictamen alcance unanimidad, como mayoría”, sentenció el diputado priista, quien también aseguró que esta se trata de una “ley para ciudadanos” y que las manifestaciones sociales serán respetadas. “Pueden estar tranquilos quienes tienen esa preocupación”, informó Camacho Quiroz.

Foto: Twitter

La ley se busca aprobar con argumentos como este de Arturo Álvarez Angli, diputado del PVEM, “solamente se oponen a que esté en la calle el ejército, aquellos que tienen algo que esconder… eso una realidad irrefutable”.

Con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada en lo general. Ahora se discuten los artículos reservados.

Votos a favor: 183 del PRI, 14 del PAN, 2 del PRD, 35 PVEM, 9 de Nueva Alianza, 4 de PES y 1 sin partido.

Y a todo esto, ¿qué es la #LeyGolpista?

Foto: Getty Images

La Ley de Seguridad Interior, de acuerdo con varios especialistas, es inconstitucional e inconvencional por dos razones: el Congreso no está facultado para legislar en materia de seguridad interior (incumpliendo con el mandato de que la seguridad esté en manos de civiles) y la iniciativa es contraria a los tratados internacionales y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Diversos estudios han demostrado que durante los diez años que se han utilizado a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, los índices de homicidio doloso no han disminuido, al contrario, estos se elevaron.

Las quejas por torturas, ejecuciones y desapariciones también han aumentado en este periodo en el que las Fuerzas Armadas han sido empleadas para hacer labores para las que no están capacitados. La #LeyGolpista contempla que a las operaciones militares de rutina —como patrullajes, custodia de instalaciones estratégicas y asistencia a la población en casos de desastre— se les sumen “otras que puedan ser necesarias”.

 

Con esta ley se facilita el uso arbitrario de la fuerza, sin que se pueda exigir rendición de cuentas o se pueda realizar una investigación al respecto, indicó la investigadora de la división de estudios jurídicos del CIDE, Catalina Pérez Correa. La Ley de Seguridad Interior también implicaría que las acciones de los militares no serían transparentadas ni sujetas al escrutinio público, ya que no tienen la obligación de rendir cuentas.

La Ley de Seguridad interior permite que intervengan en protestas sociales si se considera que no son pacíficas, fomenta la intervención de militares en tareas de inteligencia y, obviamente no obliga que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus corporaciones policiacas conforme a metas concretas.

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