Este jueves 22 de abril la Secretaría de Gobernación informó que ya se confirmaron las primeras cinco liberaciones por amnistía en México. Explicó que existen 38 casos en los que han participado jueces federales de estados en audiencias para calificar la procedencia del beneficio de amnistía.
En otros estados el proceso se está realizando sin audiencia abierta para poder analizar cada caso.
Después de que se publicara la Ley de Amnistía en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de junio de 2020 se instaló y sesionó por primera vez la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.
Segob explica que se ha avanzando en la atención para personas interesadas, la revisión de solicitudes, así como la difusión de información sobre la ley en centros penitenciarios del país.
Actualmente la Comisión de Amnistía tiene 967 casos en revisión y se han resuelto 388. Este organismo está presidido por la secretaria de Gobernación e integrada por los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Bienestar, así como los Institutos Nacionales de las Mujeres y de los Pueblos Indígenas.
Gobernación informa que se realizan las primeras audiencias, confirmando cinco liberaciones por procedencia de amnistía en el país. https://t.co/6k036GPeT1 pic.twitter.com/k9duS8KNss
— Gobernación (@SEGOB_mx) April 22, 2021
¿Qué es la Ley de Amnistía?
La Ley de Amnistía entró en vigor el 24 de abril del año pasado al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y después de que el Congreso previamente la analizó y aprobó.
La amnistía es un perdón de penas que otrora el Estado para los presos que son condenados por cierto tipo de delitos y en ciertas circunstancias. La ley de amnistía establece que se concederá a los presos que hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme, siempre que no sean reincidentes por el delito por el que están indiciados.
Se considerará en caso de aborto, robo simple sin violencia, pueblos indígenas que no hayan accedido a la jurisdicción del Estado, sedición (alzamiento colectivo contra el gobierno) o delitos contra la salud en el caso de que el preso se encuentre en situación de pobreza extrema, pertenezca a una comunidad indígena o para personas que hayan poseído narcóticos.
