El gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación anunció la creación de la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas
Esta iniciativa presenta problemas de logística, no hay detalles claros de las instalaciones, los recursos y el personal que ocuparán para la importante tarea de encontrar 26 mil 121 personas desaparecidas en México. La Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas fue anunciada sin base jurídica, recursos y lineamientos, los funcionarios se retiraron sin dar tiempo para una ronda de preguntas y respuestas. Las familias no sabían que la Unidad estaba inconclusa, creyeron que la Unidad sería presentada con instalaciones, lineamientos, personal, recursos. Algunos de ellos viajaron desde Veracruz, Michoacán, Jalisco y Estados Unidos con sus propios recursos.
Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, aseguró que habrá mayor coordinación institucional y se evitará la burocracia que padecen los familiares de los desaparecidos los 12 fiscales que integrarán la unidad, son útiles, honestos y empáticos con las víctimas. “No hacemos magia, pero vamos a llegar hasta donde se pueda llegar”.
El banco de datos contará con el apoyo de la Segob y en dos meses habrá una base de datos detallada de los desaparecidos en México. Osorio Chong indicó que esta unidad es el mejor instrumento para saber el paradero de los desaparecidos por lo que “no habrá limitante, volcaremos todos los recursos y no será un tema de olvido” y añadió, “estamos aquí para cumplir nuestra palabra. Tenemos que mejorar lo que debemos de hacer”.
Este organismo surgió como respuesta ante la presión social de familiares de personas desaparecidas, como las madres que permanecieron en huelga de hambre afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República para presionar al gobierno de Enrique Peña Nieto.
“No queremos promesas, queremos que cumplan, queremos que en verdad cumplan, que trabajen, que no sean chismes y mitotes nomás. El pueblo les paga “, gritaba Olga Reyes, quien tiene a 6 familiares asesinados en Ciudad Juárez.
Juan López, abogado de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México externó su preocupación:
“Nos preocupa que no haya sido cubierta la legalidad de esta instancia, porque si el procurador dice que aún no está listo el fondo legal, ¿con qué facultades podrán actuar y que certidumbre podrán dar a las víctimas? Me hubiera gustado escuchar a un procurador firme en el aspecto jurídico”
Otras instancias han solicitado acciones por parte del gobierno federal, Amnistía Internacional, hace unos meses hizo un llamado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que investigue los casos de personas desaparecidas, mientras que Human Rights Watch denunció que México vive “una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina”.
Por su parte, Miranda de Wallace, presidenta de la Organización Alto al Secuestro consideró que la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas será poco eficaz en sus funciones. En conferencia de prensa declaró: “Para mí fue muy significativo lo que dijo el procurador (Jesús Murillo Karam) de que no son magos y que van a hacer lo que se pueda, osea ya nos están diciendo que no hay mucho qué hacer en este tema precisamente, y es algo que tendremos que trabajar porque todos los padres que no encuentran a sus hijos, o los esposos, claro que quieren una respuesta”. Wallace mencionó por ejemplo, que existen varias fosas clandestinas en diversos estados del país que no han sido abiertas a pesar de que ya son del conocimiento de las autoridades, debido a que la difusión de estos hechos afectaría políticamente a los gobernadores.
