Aunque resultó muy “clarificador” el video que Angélica Rivera dio a conocer para exponer de dónde salió el dinero para comprarse su mansión de siete millones de dólares, a más de uno le surgieron dudas al respecto, pero pocos se atrevieron a pedir una segunda opinión. El abogado Luís Pérez de Acha y el director de Artículo 19, Darío Ramírez se dieron a esa empresa… los resultados no fueron satisfactorios.
Los dos protagonistas de esta nota solicitaron el pasado 15 de diciembre información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que les confirmará los datos que constan en los documentos que “la Gaviota” colgó en su site para comprobar el origen de los fondos para comprar la muy popular “Casa Blanca”… sin embargo, la dependencia les negó el servicio, y no por no querer… sino porque no es competente:
“El SAT no es la autoridad correspondiente para determinar la veracidad de la información patrimonial presentada por Angélica Rivera [ya que] tendiendo el cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico a esta autoridad, no se encuentra la de resolver lo planteado por ustedes…esta autoridad carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido por los solicitantes”.
A pesar de no sorprenderse por la negativa, lo que sí extraña a Pérez de Acha son dos anomalías detectadas en la respuesta del SAT: la primera, la respuesta no está firmada por la persona a la que se dirigió su solicitud, tal y como marca la Constitución. En su lugar, el titular del SAT, Aristóteles Nuñez, le encargó la chamba a la administradora central de cuenta bancaria, María Yolanda Mata Vallado.
La otra anomalía que se pudo observar es la desatención del SAT, ya que si bien tuvo la “decencia” de declararse incompetente para otorgar la información… pues hubiera sido mejor detalle indicar a cuál instancia se deberían dirigir los solicitantes para poder obtener la información requerida…
Pero bueno… dada la negativa, el experto en temas fiscales prevé interponer un juicio de amparo contra el SAT. En una de ésas, es chicle y pega: “Necesitamos efectividad en el combate a la corrupción y por ello recurriremos a la Corte; insistiremos en conocer la verdad sobre la compra de este inmueble, como un asunto de transparencia y legalidad en torno a la familia presidencial y a funcionarios del gobierno federal”.
