El portal Animal Político, en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), presentó en septiembre un reportaje titulado “La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público” en el que revelaron, con lujo de detalles, cómo el Gobierno Federal desvió más de 7 mil millones de pesos a través del mecanismo de empresas fantasma. De acuerdo con la investigación, dependencias e instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social, Banobras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública y la Sagarpa triangularon recursos utilizando a ocho universidades públicas.
El equipo de Animal Político presentó este jueves 7 de diciembre más información sobre estos desvíos; lo que encontraron es tan preocupante como indignante.
Resulta ser que, en 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) pagó casi 220 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Zacatecas para el diseño de planes y proyectos a favor del campo. El dinero fue transferido a personas y empresas que no tenían el perfil para elaborar dichos documentos y, en su lugar, estos fueron otorgados a edecanes, policías, encargados de hoteles, diseñadores gráficos, nutriólogos, cajeros, telefonistas, vendedores de seguros, recepcionistas, columnistas, carniceros, entre otros.
Esto no es lo más inverosímil del asunto: las entregas contenían párrafos completos de sitios como monografias.com, buenastareas.com y Wikipedia.
Estas averiguaciones, señala Animal Político, forman parte de una investigación iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) después de que se destapara “La Estafa Maestra” y tras las denuncias impulsadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los auditores encontraron que la Sagarpa entregó el dinero burlando los mecanismos de licitación y transparencia a la Universidad Autónoma de Zacatecas y que esta, a su vez, dio el dinero a 36 beneficiarios (15 niegan haber firmado algún tipo de convenio o haber hecho propuesta alguna), contratadas por honorarios, que no podían llevar a cabo las labores para las que se les contrató.
En el fraude, afirmó la ASF, estarían involucrados el rector de la institución educativa y directivos de la dependencia federal.
El caso tiene varias atenuantes. En primera instancia se encuentra la trampa que hizo la universidad, ya que originalmente declaró que contaba con los especialistas y recursos técnicos y de capacitación para llevar a cabo los proyectos encomendados, pero en su lugar destinó el dinero a otras personas en condiciones opacas. “En su mayoría no contaban con el perfil requerido para realizar los proyectos”, afirmaron los auditores. Además del copy-paste, se presume mal uso de datos personales de los supuestos beneficiarios del fraude. La Sagarpa, aseguraron los encargados de la revisión, ofreció “información y documentación irregular” para comprobar los recursos. En pocas palabras: la dependencia federal no sólo pagó por proyectos que no se hicieron, sino que trató de simular la comprobación de estos.
