Guerrero es uno de los estados que este junio registrarán elecciones. Se trata de uno de los territorios más reñidos en la contienda, a cuyo control aspiran no sólo los candidatos a gobernador, a las 81 presidencias municipales o a las 46 curules de la legislatura local, sino también el crimen organizado.
El antecedente con mayor peso en el marco de los comicios de este año es, sin lugar a dudas, el oscuro episodio que tuvo lugar en Iguala la noche del 26 septiembre de 2014. La muerte de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron el rostro más visibilizado de la peor crisis de derecho por la que México ha atravesado desde el 68. Más de 23 mil desaparecidos y más de cien mil muertos por la “guerra contra el narco” son los alarmantes números acumulados por una estrategia de seguridad iniciada por la administración federal panista y continuada por la actual: más fallecidos en ocho años en nuestro país que en los 10 de conflicto armado en Vietnam.
Los candidatos
Entre los efectos de la crisis de Ayotzinapa se cuenta la licencia que pidiera el gobernador constitucional del estado, el perredista Ángel Aguirre Rivero y con ello una dolorosa pérdida de simpatía para aquel partido en la entidad. La estrategia seguida por el PRD ha consistido en abanderar a Beatriz Mojica Morga como candidata a la gubernatura, apuesta polémica por tratarse nada menos que de la secretaria de Desarollo Social durante la administración de Aguirre.
Las propuestas de Mojica son escasas, igual que las del resto de los contendientes. Habla de garantizar que no ocurra otro caso como el de Ayotzinapa, ofrecer las consabidas becas para estudiantes de bachillerato y universidad y de la reactivación de turismo como estrategia de crecimiento económico, promesas tan vagas como complicadas dada la imagen actual del estado.
Por su parte, la mancuerna entre el PRI y el PVEM vuelve a intentar con quien fuera el vencido candidato del tricolor en 2005 para el gobierno del estado: el dos veces presidente municipal de Chilpancingo y senador de la República, Héctor Astudillo Flores, quien hace eco de la propuesta para el desarrollo regional más difundida, el turismo. Astudillo busca el triunfo a través de promesas de apoyos específicos en este sector, estrategia complicada que parece implicar la focalización de los recursos antes que proponer desarrollo integral.
Jorge Camacho Peñaloza, el candidato del PAN al gobierno del estado, funda su estrategia económica en la promesa de impulso de al menos 500 mil micro empresas en Guerrero, un objetivo difícil de cumplir toda vez que implica la desburocratización del proceso para formalizar el comercio. El ex delegado de Sagarpa en la entidad y ex coordinador Nacional de la gira de Josefina Vázquez Mota busca también la simpatía del sector docente al proponer una controversia constitucional contra la Reforma Educativa. Apuesta la seguridad de la región al fortalecimiento de la recién creada Policía Rural de Guerrero, lo que exigiría una pirueta olímpica tras la salida de las fuerzas federales que actualmente intervienen en la zona.
El ex presidente municipal de Acapulco y senador de la República, Luis Walton Aburto, es el candidato preferido de Movimiento Ciudadano durante los comicios de junio y el personaje en el que el partido centrará sus esfuerzos este 2015. El dos veces presidente nacional del partido pone todas sus cartas en el cómodo rubro de la educación, al que concibe más como medida preventiva contra el crimen que como área administrativa que necesita acciones urgentes.
Morena, el polémico partido de Andrés Manuel López Obrador, presenta como candidato a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien formara parte del PRD y quien encabezara la organización “Contamos”, que fue los ojos del partido del Sol Azteca sobre los comicios de 2012 y que acusó al PRI de irregularidades y “robo” del proceso electoral.
Alberto López Rosas, otro ex miembro del PRD, ex diputado federal y también ex alcalde de Acapulco, es el abanderado del Partido Humanista. López Rosas protagonizó escándalos de corrupción en 2009 y la Contraloría General del estado lo inhabilitó por tres años debido a que no comprobó cinco millones de pesos, aunque más tarde, en 2010, presentaró un documento de la Secretaría de la Función Pública en la que constaba que la inhabilitación era improcedente y responsabilizó a Zeferino Torreblanca Galindo, ex gobernador del estado, de acusarle y emprender medidas contra él por motivos partidistas.
Karime Sevilla, de Nueva Alianza; Raymundo Nogueda Analco, de Encuentro Social, y Godeleva Rodríguez Salmerón, del Partido de los Pobres de Guerrero, completan la paleta de opciones políticas para los comicios de junio por la gubernatura estatal.
Estos, el resto de los candidatos que se presentarán para cubrir diversos puestos administrativos y legislativos, se enfrentan a un movimiento encabezado por padres de los desaparecidos de Ayotzinapa que busca evitar la elección.
Los problemas
De entre las nueve entidades en las que habrá elección para gobernador, Guerrero destaca por su bajo crecimiento económico con una taza de 2%, tan sólo igualada por Veracruz según el Semáforo Económico Electoral de la organización “México, ¿cómo vamos?”. De los 10 indicadores considerados por el Semáforo (crecimiento económico, generación de empleo, productividad, pobreza laboral, exportaciones, Estado de derecho, deuda pública, informalidad, diversificación laboral y desigualdad), Guerrero tiene en rojo 7 y se encuentra estancado en rubros como crecimiento económico, productividad y exportaciones, deudas del sexenio de Aguirre.
Guerrero también se encuentra por encima de la media nacional en lo que a pobreza laboral se refiere: 6 de cada 10 empleados en el estado no reciben un pago suficiente para adquirir una canasta básica.
Entre comercio, turismo, servicios y otras actividades similares, Guerrero adquiría hasta 2013 al menos el 73.4% de su Producto Interno Bruto (PIB), aunque la cifra se ha visto golpeada en dimensiones todavía oscuras debido a la crisis de violencia.
Sin duda, el reto para los candidatos es grande en una entidad cuya seguridad se encuentra actualmente en manos del gobierno federal luego de tener al menos 13 de sus policías municipales bajo control del crimen y que tarde o temprano habrá de pasar a manos locales, cuya economía se encuentra estancada.
