El día de hoy se cumplen 2 años del homicidio de Rubén Espinosa Becerril y los feminicidios de Nadia Vera Pérez, Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz y Olivia Alejandra Negrete. Desde su inicio, la investigación del caso Narvarte incurrió en múltiples omisiones, fallas y errores: se violaron los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, se contaminó el lugar de los hechos, se realizaron necropsias incompletas que impidieron conocer con precisión la causa de la muerte de las víctimas ni las lesiones que sufrieron, además de no profundizar —en algunos casos ni siquiera tomar en cuenta— en las otras líneas de investigación. A dos años las cosas parecen no haber cambiado mucho. Los procesos contra los tres detenidos por el multifeminicidio y homicidio están detenidos y todavía no se esclarece el móvil del crimen. El caso está parado: van dos años sin#Justicia5Narvarte.
Sorprendentemente se pasaron por alto dos de las líneas de investigación que podrían haber arrojado algo de luz en el caso: no se siguieron protocolos de investigación para feminicidio, a pesar de que cuatro de las víctimas eran mujeres, tampoco se siguieron protocolos de investigación para delitos contra la liberta de expresión, a pesar de que Rubén Espinosa era periodista. Es decir, no se investigaron agresiones contra dos de los sectores más violentados en nuestro país. De acuerdo con un reportaje realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, más de 10 mil mujeres han sido asesinadas en México desde 2012, pero menos del 20% de los casos han sido juzgados como feminicidios, a pesar de que existan elementos para considerarlos como tales. Más de 10 mil mujeres han sido asesinadas a balazos, violadas, descuartizadas, golpeadas y/o asfixiadas desde entonces. Y la cosa no cambia.
La situación pareciera ser la misma en el caso de la violencia contra periodistas. O incluso peor. De acuerdo con la organización Artículo 19, después de la muerte del colaborador del semanario Proceso y la agencia Cuartoscuro, han sido asesinados otros 18 periodistas (11 en 2016 y siete en lo que va de 2017). Como si se tratara de una coincidencia macabra, este lunes 31 de julio, este lunes en que se cumplen dos años del homicidio del fotorreportero capitalino, se han reportado un par de notas alarmantes sobre la situación del periodismo en nuestro país. Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y conductor del noticiario de una cadena de cable, fue asesinado en un bar en Rosarito, Baja California. Funcionarios de seguridad pública de la localidad aseguraron que el reportero recibió un tiro en la cabeza tras participar en una riña. El móvil del asesinato se desconoce, aunque, como es costumbre, el tufo de la revictimización espejea la escena.
En otro hecho alarmante, el periodista y escritor Héctor de Mauleón denunció este lunes 31 de julio, en su columna de El Universal, cómo recibió una—no muy sutil— amenaza de muerte por parte del Cártel de Tláhuac. En su texto más reciente, de Mauleón indica que fue amenazado, presuntamente por este grupo delictivo, tras publicar tres columnas sobre cómo se conformó esta agrupación, cuáles eran los antecedentes de Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos y cómo el crimen se fue infiltrando en la delegación ahora en manos de Morena. El autor de La Ciudad que nos inventa ya había sido amenazado de muerte con anterioridad. En septiembre fue atacado a través de redes sociales tras denunciar una balacera en la colonia Condesa. En mayo de 2016, el también historiador recibió amenazas después de publicar una serie de denuncias sobre un predio en Benjamín Hill, apropiado por la Asamblea de Barrios y la Unión Tepito.
