Cumpliendo con los protocolos, Rosario Robles compareció ante los diputados de la Sección Instructora con motivo del juicio político que estos ya avalaron y, básicamente, les pidió no pasarse de lanza y desechar ese proceso.
¿Así nomás? Pues no. La extitular de la SEDESOL señaló que el juicio político que se ha planteado en su contra por “violaciones sistemáticas” a la Constitución debe anularse ya que está plagado de irregularidades, violaciones procesales e inconsistencias.
Pa’ evitar el tráfico de las peregrinaciones a la Basílica (quizás, el caso es que no salió de Santa MArtha), Chayito Robles compareció por escrito. La carta fue enviada por medio de sus representantes legales, quienes indicaron que su clienta presentó en tiempo y forma su respuesta al citatorio de comparecencia emitido por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con Reforma, los abogados de Robles rechazaron el escarnio político del que –dicen– es objeto la exfuncionaria. Los defensores de la extitular de la SEDATU acusaron que el juicio político que se maneja desde el Congreso, es parte de la violación sistemática a los derechos humanos de Robles.
.@Rosario_Robles_ NO CONVALIDA JUICIO POLÍTICO
•Responde en tiempo y forma al citatorio de @Mx_Diputados
•Solicita sobreseimiento del procedimiento; ha sido viciado de origen
•Si insisten con juicio político, diputados incurren en responsabilidad jurídica y política pic.twitter.com/q3iyIK9rgS— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 10, 2019
De continuar con el proceso de juicio político, los legisladores “incurren en una responsabilidad tanto jurídica como política, la cual se hará valer en el momento procesal oportuno y ante las instancias nacionales e internacionales competentes. Esto, además de la responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir el estado mexicano”, advirtió la defensa encabezada por Julio Hernández.
El pasado 2 de diciembre, Rosario Robles fue notificada del inicio de un juicio político en su contra. Los diputados de la Sección Instructora encontraron que, quien fuera parte del gabinete de EPN, es probable responsable de “violaciones sistémicas” a la Constitución. Además, acusan que violentó los derechos de los más pobres, al permitir el desvío de más de 7 mil millones de pesos cuyo destino eran programas sociales.
Pese a que lo anterior no dista mucho de las acusaciones que tienen a Robles en Santa Martha, los abogados de la exfuncionaria dicen que si algo se violenta es la certeza de seguridad jurídica de su clienta, ya que el juicio político en su contra carece de materia y objeto. “Resulta materialmente imposible la destitución de la enjuiciada”, ya que actualmente no desempeña ningún cargo, explicaron.
