Mientras continúan las filtraciones en el caso de Emilio Lozoya —con su verdad de más de 60 páginas publicada la semana pasada—, ¿qué ha sucedido con Rosario Robles? Esta historia no avanza pero por lo pronto la FGR (Fiscalía General de la República) ya pidió una pena de 21 años de prisión para la exfuncionaria de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Reforma y El Universal, la FGR pidió esta condena por la presunta omisión ante los desvíos de dinero público —que ascienden a más de cinco mil millones de pesos durante su gestión en la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Foto: Cuartoscuro.

Es decir, la petición está relacionada con el caso de La Estafa Maestra, reportado en el sexenio de Peña Nieto.

La FGR y Rosario Robles

Aquí Rosario Robles es acusada por el presunto ejercicio indebido del servicio público por su chamba en dos secretarías: Sedesol y Sedatu. Entonces, la FGR aprovechó para juntarlas y echarle dos cargos por el delito ya mencionado.

Con respecto a la Sedesol, la FGR señaló a Rosario Robles por omisión durante el periodo de diciembre de 2012 a agosto de 2015.

Foto: Cuartoscuro.

¿Y Sedatu? El periodo va de agosto de 2015 a noviembre de 2018.

De esta manera, la FGR juntó 14 años de prisión —por los siete años de cajón para castigar el ejercicio indebido del servicio público.

Sin embargo, la Fiscalía le echó más calor y dijo que como este delito se cometió de manera continúa, se suman otros siete años de prisión. Lo que da un total de 21.

“La venganza, cobardía y silencio me tienen aquí”: La carta de Rosario Robles a un año de prisión

El 25 de agosto, la Fiscalía presentó de manera formal la acusación contra Rosario Robles, además de varias pruebas —entre ellas convenios hechos por la Sedatu y Sedesol o testimonios de colaboradores— para el juicio de la experredista.

Vale mencionar que Robles está bajo prisión preventiva —desde agosto de 2019— en el Penal de Santa Martha Acatitla, pues la justicia mexicana argumentó que existía un peligro de fuga por parte de la exfuncionaria.

La exsecretaria de Desarrollo Social es investigada por omisión en la red de corrupción tejida entre dependencias del gobierno Federal y estatal —y donde se desviaron recursos públicos por 5.073 millones de pesos en la era de Enrique Peña Nieto.

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