Como “histórica” consideran en Honduras la sentencia que le acomodaron a Rosa Elena Bonilla, quien fuera primera dama en épocas del presidente Porfirio Lobo. Y cómo no, si además de conseguir meter al bote nada menos que a la esposa de un exmandatario, la pena que se le impuso luce como para que la susodicha nunca más vuelva a vivir en libertad.
De acuerdo con la BBC, Bonilla se hizo acreedora a una sentencia de 10 años de prisión por el delito de “apropiación indebida de recursos del Estado” (“robar” le dicen en mi tierra) y seis años por cada uno de los delitos de fraude que se le enjaretaron. El detalle es que fueron ocho los casos de fraude con los que se le vinculó, equivalentes a 48 añotes en el tambo (más los 10 del otro, el número mágico: 58).
Además de lo anterior, la exprimera dama de 52 años (uhhhh, pos ya fue) fue condenada a pagar el 10% del monto “apropiado”… ¿y por qué no todo? Ahí sí, las autoridades se vieron indulgentes, ya que se estima que Bonilla logró quedarse con 500 mil dólares que el gobierno de Honduras recibió en donativos internacionales y fondos públicos, los cuales debieron haber sido utilizados en programas sociales como el proyecto “Calzando a niños de Honduras”…
Así es, la muy… de la exprimera damas se chin#$%&/ó el dinero para dar zaparos a niños pobres.
Gracias a las investigaciones del caso conocido como “La caja chica de la dama”, se logró ventilar que Bonilla desvió los recursos a cuentas personales. Esto pocos días antes de que su esposo, Porfirio Lobo, terminara con su mandato.
Aunque la condena que se le impuso a la exprimera dama casi asegura que ésta no volverá a estar en libertad por lo que le resta de vida, pudo haber sido mayor. Según indican medios internacionales, inicialmente se buscó imponerle 77 años de prisión a la susodicha… sin embargo, se le absolvió del delito de malversación de recursos del erario público.
La defensa de Bonilla tiene 20 días para interponer un recurso en contra de la sentencia. Y, en lugar de aceptar lo que solita se buscó, la exprimera dama ya prevé acudir a la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión de las autoridades.
