Crisis de menores en la frontera… pero también en propio territorio. Si bien es urgente atender los graves problemas que enfrentan los menores en su búsqueda por ingresar a los Estados Unidos, lo destapado ayer en Michoacán refleja que los derechos de los menores también tienen que ser preocupación de las autoridades.
Tras más de 50 denuncias ciudadanas, militares y la policía local rescataron a cerca de 500 niños que permanecían encerrados en la casa hogar Gran Familia de Zamora, la cual operaba desde 1947 bajo la dirección de Rosa del Carmen Verduzco.
Según informaron las autoridades, además de vivir en condiciones deplorables, los menores eran obligados a trabajar, pedir limosna, dormir en el suelo y comer alimentos en descomposición. Por si fuera poco, muchos de ellos eran abusados sexualmente.
Sobre el caso, calificado como un “hecho sin precedentes”, habló el titular de la General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, éste último señaló que antes de darse el cateo por parte de las autoridades, organizaciones –como el Club de Rotarios- intentaron ingresar al inmueble, en el que se hallaron cinco menores que fueron reportados como desaparecidos, esto pese a que en la página oficial de la casa hogar se presume que “desde 1947 alberga a más de 600 niños abandonados por sus padres: delincuentes, drogadictos o niños de la calle”.
Por su parte Murillo Karam, especificó que de los menores rescatados 278 son niños, 174 niñas y 138 ya son mayores de edad.
En el cateo fueron detenidos nueve empleados del albergue, así como la directora, conocida por los niños como La Jefa, quien además registraba a la mayoría de los menores con su apellido: Verduzco.
