Según el reporte trimestral de Artículo 19, 2013 es uno de los años más violentos contra la prensa.
La labor periodística implica tener credibilidad y arriesgar la vida. De enero a septiembre de 2013, ARTICLE 19 documentó 225 agresiones, esto supera el total anual de agresiones del año 2012, en el cual se registraron 207 y también rebasa el total del 2011 en el que se documentaron 172 agresiones. En nueve meses, 2013 ya es uno de los años más violentos contra la prensa.
Las autoridades capitalinas, han llegado al extremo de detener y consignar a fotoperiodistas que cumplían con su labor informativa obligándoles al pago de 126,476 pesos para evitar llevar su proceso en prisión al presumirles culpables.
El domingo 1 de septiembre, durante las protestas sociales registradas en las calles del DF con motivo del primer informe de Gobierno en México, el fotoperiodista Gustavo Ruiz fue detenido cuando documentaba una serie de arrestos y posible actos de abuso del poder realizados por la Policía del DF.
Gustavo fue sometido, agredido físicamente y arrestado por los policías a los que grababa, quienes lo acusaron de “ataques a la paz pública” y “ultrajes a la autoridad”.
Por las acusaciones Gustavo pasó 4 días en la cárcel y un juez capitalino, pese a las evidencias que demuestran su inocencia y los abusos cometidos contra él, le fijó en 126,476 pesos la posibilidad de enfrentar el proceso penal en libertad.
Para ARTICLE 19 la detención de Gustavo Ruiz fortaleció dos ideas:
- Las autoridades locales no ofrecen garantías para documentar la protesta social
- Los policías reprimen derechos fundamentales como la libertad de expresión en movilizaciones sociales llegando al extremo de la criminalización del ejercicio de un derecho humano.
Del 1 diciembre de 2012 al 01 de septiembre, once personas, la mayoría de ellas periodistas independientes, han sido arrestadas en el DF por documentar la actuación policiaca. En 7 casos fueron detenidos en un contexto de protesta social.
Tercer trimestre: 67 agresiones
En el tercer trimestre (julio-septiembre) de 2013, ARTICLE 19 ha registrado en México un total de 67 agresiones a la libertad de expresión, entre estas 6 detenciones arbitrarias en contextos de protestas sociales.
Este tercer trimestre estuvo marcado por:
- 5 ataques a páginas de internet pertenecientes a medios de comunicación
- 2 ataques con explosivos a las instalaciones de periódicos
- 1 asesinato
- 16 agresiones físicas/materiales
- 30 actos de intimidación/presión (en 10 casos a través del veto y 5 robos)
- 2 periodistas han sido denunciados penalmente por difamación.
Los estados con mayor número de agresiones a la libertad de expresión son: Veracruz 13; Baja California 10; Distrito Federal 10; Zacatecas 8; Quintana Roo 5; Oaxaca 4 y Michoacán 3.
Del total de agresiones documentadas en el tercer trimestre, en 36 casos hay servidores públicos involucrados. La mayoría de ellos pertenecientes a fuerzas de seguridad pública, sin que hasta el momento existan sanciones penales o administrativas por sus acciones. Además, hay otras 8 agresiones documentadas en el tercer trimestre pero que se cometieron entre el primer y segundo trimestre del año.
2013 uno de los años más violentos contra la prensa
En Veracruz, el desalojo de maestros la Plaza de Lerdo en el municipio Xalapa la madrugada del sábado 14 de septiembre, además de evidenciar que la política de reprimir la protesta social no fue exclusiva del DF en el tercer trimestre del año, dejo al descubierto la ineficacia de las autoridades locales para castigar a los policías responsables de agredir a 3 periodistas y 1 comunicador social que documentaron el acto.
Para ARTICLE 19, la agresión más grave a la libertad de expresión documentada en este tercer trimestre del año, es el asesinato del periodista de “El Imparcial” de Oaxaca, Alberto López Bello, ocurrido la madrugada del miércoles 17 de julio.
López Bello era un periodista especializado en temas de seguridad pública. El 18 de mayo de 2013, es decir 2 meses antes del asesinato, fue detenido ilegalmente por policías estatales cuando fotografiaba unas mantas con mensajes escritos por grupos delincuenciales. Hasta el cierre del presente informe trimestral, las autoridades oaxaqueñas seguían sin presentar avances en las indagatorias del crimen del comunicador.
En Oaxaca, además, en el municipio de Loma Bonita, un medio de comunicación, el periódico “El Piñero de la Cuenca”, fue blanco de 13 agresiones a la libertad de expresión en el lapso señalado. La noche del sábado 27 de julio, un artefacto explosivo de fabricación casera estalló en la puerta del periódico sin dejar daños en el inmueble y en el personal que en esos momentos ahí laboraba.
Apenas 3 semanas antes, 8 voceadores del medio habían sido objeto de 11 actos de intimidación y ataques físicos, cuando un grupo de personas ligadas a un político local los golpearon y les robaron los ejemplares en lo que se informaba de la quema de boletas electorales durante las elecciones del 7 de julio.
La última agresión a un colaborador de “El Piñero de la Cuenca” se registró el sábado 10 de agosto, cuando un grupo de personas quemaron el automóvil de Filadelfo Figueroa, corresponsal del medio en la ciudad de Oaxaca. Aun cuando en todos los casos los colaboradores del periódico han identificado a sus supuestos agresores, no hay detenidos ni sancionados por esos hechos.
Los ataques cibernéticos que sufrieron los portales de “El Mañana” de Nuevo Laredo; el “Zócalo” de Saltillo y el “Noroeste” de Culiacán, horas previas de celebrarse las elecciones del 7 de julio, son actos que cobran especial atención para ARTICLE 19 debido a la importancia de garantizar que la libertad de expresión en contextos electorales pueda darse sin inhibiciones, lo que evidentemente no sucedió con las páginas de internet de los periódicos señalados.
A los ataques cibernéticos registrados en un contexto electoral, se suman las amenazas e intimidaciones que los periodistas Roberto Morales Ayala, director del periódico “Presencia” en Veracruz, y Jaime Delgado, director del portal “Periodismo Negro” en Baja California, recibieron producto de la línea editorial que manejaron sus medios en las elecciones locales celebradas en sus estados.
Para ARTICLE 19 resulta altamente preocupante que de las 67 agresiones a la libertad de expresión documentadas en el tercer trimestre de 2013, no exista castigo para los responsables de estos actos, más cuando los responsables, en 46% de los casos, son servidores públicos vinculados con corporaciones policíacas.
En lugar de mimetizarse con la violencia de Estado en contra del crimen organizado, los periodistas deben coadyuvar en la construcción de procesos de paz. Es fundamental que las autoridades adopten protocolos de actuación que permitan que un derecho fundamental como la libertad de expresión se desarrolle sin ningún tipo de inhibiciones y que se castigue a los servidores públicos responsables de estos actos.
