Por Rogelio Salgado Carrasco
El próximo 11 de diciembre se cumplirán 12 años del inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. La apuesta por una estrategia de seguridad basada en la confrontación directa de los grupos delictivos por medio de las fuerzas armadas ha tenido consecuencias dramáticas para nuestro país: más de 200 mil personas muertas, más de 35 mil personas desaparecidas, más de 300 mil personas desplazadas a causa de la violencia.
Aunque en este tiempo distintas voces han exigido un cambio en la estrategia de seguridad, su impacto en el curso de la política de guerra ha sido mínimo. Sin embargo, la actual coyuntura ha permitido abrir el debate sobre las posibles alternativas para romper con la inercia bélica de los últimos años.
Pese a los desafíos a los que se enfrenta (y seguirá enfrentando en el futuro) este incipiente proceso, se debe aprovechar la oportunidad para poner sobre la mesa algunas dimensiones de las políticas de seguridad y la justicia que, si bien hasta ahora habían sido tratadas de forma marginal, suponen elementos imprescindibles para una estrategia de pacificación. Precisamente entre ellas se encuentra la reinserción social de personas liberadas.
Recientemente, en la Ciudad de México, se llevó a cabo el Encuentro Latinoamericano por la Reinserción Social, un evento dedicado al análisis de los retos y oportunidades que enfrenta la región en esta materia. A partir de los argumentos vertidos por los distintos participantes, pueden ofrecerse tres conclusiones sobre el papel de la reinserción social para un proceso alternativo de seguridad.
1: Reinserción es prevención
La reinserción social es una parte esencial para la construcción de un programa de prevención de la delincuencia. Consiste en una serie de acciones integrales orientadas a que las personas que han cometido un delito adquieran capacidades que les permitan retornar a la sociedad una vez que han cumplido una sanción penal y, de esa manera, evitar la reiteración de conductas delictivas. Es decir, la política de reinserción social es una herramienta fundamental para romper ciclos delictivos y de violencia, así como para propiciar la reconstrucción del tejido social al restituir los derechos de las personas liberadas.
El caso colombiano es, en muchos sentidos, un ejemplo de esto. En los últimos 15 años, Colombia puso en operación una política de construcción de paz que contempló un programa de reintegración de las personas desmovilizadas del conflicto armado. La atención brindada a esta población tiene un enfoque integral que trabaja en diversas dimensiones para desarrollar las capacidades de las personas, apoyarles a superar condiciones de vulnerabilidad y permitirles el ejercicio pleno de derechos.
Los resultados son impresionantes. Aunque el proceso de reintegración es tres veces menos costoso que el encarcelamiento, su efectividad para mantener a las personas en la legalidad, es del 76 por ciento, en tanto que privar a una persona de su libertad solo presenta un 30 por ciento de éxito. Asimismo, según datos oficiales, ha logrado reducir la cantidad de personas víctimas del conflicto armado de 866 mil 266 en 2002 a 89 mil 359 en 2017.
Este caso muestra que, aún en condiciones extremas de violencia, apostar por mecanismos de reinserción social integrales puede ser clave en los procesos de pacificación de manera efectiva.
2: No se puede resolver con justicia penal la injusticia social
La atención del fenómeno delictivo y de violencia que enfrenta México no puede desligarse de sus causas. Existe evidencia de que el endurecimiento de los mecanismos de persecución y sanción de los delitos vinculados a drogas suelen afectar en mayor medida a las capas más desprotegidas de la sociedad.
En 2016, Carlos Galindo, investigador del Instituto Belisario Domínguez, presentó un análisis en el que se muestra que las personas que ingresan a prisión acusadas de cometer delitos vinculados con drogas son, en su mayoría, hombres menores de 30 años, con niveles de escolaridad básica y que, si bien, antes de su ingreso tenían algún trabajo, se desempeñaban en actividades que recibían sueldos precarios (obreros, artesanos, comerciantes, trabajadores agropecuarios). Más aún, solo cuatro de cada 10 personas ingresan a prisión acusadas de cometer delitos graves.
Por otro lado, de acuerdo con el informe “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México. Guía para políticas públicas incluyentes” de Equis Justicia para las Mujeres, a pesar de que las mujeres solo representan alrededor del 8 por ciento de la población privada de la libertad en el país, el encarcelamiento por delitos vinculados a drogas no solo se ha incrementado, sino que, a nivel de fuero federal, son la primera causa por la que las mujeres son privadas de la libertad. La mayor parte de ellas enfrenta cargos por delitos menores como posesión simple y posesión con fines de venta.
Es importante tener claridad de estos datos. La mayoría de las personas que ingresan al sistema carcelario por razones vinculadas a drogas, lo hacen por delitos menores y provienen de sectores marginados. Precisamente por ello, es necesario entender que el problema de la criminalidad y violencia tiene como parte de sus causas las condiciones de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades que imperan en nuestro país.
En este contexto, una política de prevención terciaria que busque romper los ciclos de violencia requiere tener un enfoque de justicia social.
3: La responsabilidad es del Estado, la voluntad de la sociedad
En los últimos años México ha sentado las bases para la construcción de una política de reinserción social. Las modificaciones a la Constitución para incorporar la perspectiva de derechos humanos y la modificación del concepto de readaptación social por el de reinserción social, así como la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal son ejemplos de ello. Pero sería difícil argumentar que en la práctica estos cambios legislativos hayan logrado consolidarse.
En nuestro país, la función de reinserción social es primordialmente desempeñada por el sistema penitenciario. Sin embargo, cabría poner en duda el potencial que tiene la prisión, en sí misma, para generar condiciones de adecuadas para el retorno a la sociedad una vez que las personas cumplen sus sentencias y propiciar la prevención de la reincidencia.
Aunque la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal contemple los servicios postpenales como un paso necesario para lograr la reinserción social, hoy no existen datos claros sobre los avances en su implementación. En la mayor parte de los estados de la república, estos servicios son administrados por patronatos cuyo enfoque de atención es primordialmente asistencialista.
La evidencia con la que contamos indica que el éxito de las políticas de reinserción depende de la acción coordinada de las diferentes instituciones de gobierno a fin de garantizar el restablecimiento de los derechos de las personas una vez que recuperan su libertad, así como realizar un seguimiento individualizado al proceso de retorno a la sociedad. En México, algunas organizaciones de la sociedad civil han logrado implementar este tipo de programas. Los resultados han sido positivos y han demostrado ser un mecanismo efectivo para romper ciclos de violencia.
Es urgente que el Estado mexicano retome estas lecciones y asuma la responsabilidad de integrar las políticas reinserción social a la agenda de prevención del delito. Asimismo, es preciso que la sociedad civil impulse esta clase de iniciativas y trabaje para eliminar las barreras impuestas por el estigma hacia las personas liberadas. Para obtener resultados diferentes en materia de seguridad es fundamental abordar nuevas estrategias. Apostar por políticas de reinserción social integrales, es parte de esta nueva estrategia.
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Rogelio Salgado Carrasco es maestro en sociología política por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Se ha especializado en investigación en materia de seguridad pública. Actualmente se desempeña como asesor responsable del área de investigación del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México.
