Senadores y diputados aprobaron este miércoles la reforma al artículo 11 constitucional que reconoce la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político en México. Con esta reforma a la política migratoria nuestro país podrá conceder asilo a refugiados que están en busca de un lugar mejor.
Durante la sesión del miércoles Roberto Gil, presidente de la Comisión Permanente, declaró la validez de la reforma al artículo 11 de la Constitución, después de que 22 congresos estatales lo aprobaran. El senador priísta Enrique Burgos fue uno de los que más celebró la reforma declarando que “toda persona podrá disfrutar en nuestro país el derecho a buscar y recibir asilo“.
El priísta señaló la ley secundaria será la encargada de regular las procedencias y excepciones para las solicitudes y otorgamiento del asilo y de la condición de refugiado.
Por otra parte Gabriela Cuevas, legisladora del PAN y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que con esta reforma México está dando espacio a los derechos humanos:
“Mientras en el mundo hoy se cierran fronteras, se construyen muros, se deportan masivamente a los migrantes, niños mueren en el mar y en las playas, hoy México responde dando espacio a los derechos humanos, a la protección de las personas más necesitadas, a aquellos que huyen de sus países porque temen por su vida”.
La senadora panista también informó que cada año ingresan al país 150 mil migrantes centroamericanos con la intención de llegar a Estados Unidos, pero que esta cifra podría aumentar a 400 mil personas. Además agregó que el número de refugiados y solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras pasó de 20 mil 900 personas en 2012, a 109 mil 800 en 2015.
Todo parece estar bien hasta ahí y, a pesar de que estamos a favor de la decisión tomada y coincidimos con que todos tienen derecho a buscar y recibir asilo, nos preguntamos cómo es que la senadora panista declaró que en “México estamos dando un espacio a los derechos humanos”, cuando en el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reportó que el país vive una grave crisis en materia de derechos humanos y el gobierno no es capaz ni de garantizarlos a sus propios ciudadanos.
