A finales del mes pasado, la cámara de diputados de Querétaro aprobó jubilar al cuatro veces diputado Marco Antonio León Hernández, actualmente en activo y desempeñándose como presidente de la mesa directiva de la LVII Legislatura local.
Nunca antes un diputado en funciones había aprovechado su puesto para jubilarse como trabajador de la administración pública y recibir su jugoso último ingreso registrado, en este caso 47 mil pesos mensuales.
“Lo que hace un poquito de ruido es lo relativo a los cargos de elección popular, pero la Ley lo permite y no soy el primero, hay una gran cantidad de trabajadores que se han jubilado que fueron en su momento diputados, presidentes municipales, regidores, o que fueron los 3 al mismo tiempo. Claro, ¿Cuál es la diferencia en mi caso? Es que lo hago estando en funciones, pero la Ley también mandata que sólo puede uno jubilarse estando en funciones”, afirmó León Hernández.
León Hernández contestó a las críticas indicando que toda su carrera profesional (calculada en 32 años) la ha realizado en el servicio público, por lo que no cree que sea inmoral su jubilación. Actualmente es legislador independiente, pero a lo largo de su carrera ha sido un “chapulín político”, militando en el PRI, Convergencia y Movimiento Ciudadano. Además, ya se encuentra planeando pedir una segunda jubilación en el 2016 por sus años trabajando como “locutor, y en algunas otras actividades de la iniciativa privada”.
El Decreto por el que se concede la jubilación al C. Marco Antonio León Hernández, fue aprobado por el Pleno de la Legislatura del Estado de Querétaro, el 17 de Julio de 2015, y publicado en fecha 23 de Julio del año en curso en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, en el cual se le reconoce al diputado la antigüedad de 32 años, 5 meses y 11 días de servicio, en distintas dependencias de Gobierno del Estado y municipios, en dicho decreto se obliga al Poder Legislativo de otorgarle la cantidad de $47,000 (cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de jubilación.
Desde que la noticia se hizo de conocimiento público surgieron voces que protestaron por el hecho, algunas aduciendo la inmoralidad del acto, pero otras más por considerar que la jubilación es ilegal. La más importante y bien fundamentada manifestación de repudio en contra de la jubilación de Marco León fue la recolección de 25,000 firmas de la sociedad civil de Querétaro, organizada por el colectivo ciudadano Reforma de Actitud, las cuales sustentan un amparo colectivo tramitado por 8 abogados independientes, el cual busca frenar la decisión del legislativo local y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro por ser ilegales.
@sopitas la ciudadanía nos organizamos y presentamos un amparo colectivo con más de 25,000 firmas. Vamos a dar pelea! pic.twitter.com/tzBP7X4sXp
— Kike Mireles ? (@kikemireles) August 10, 2015
En esta acción se involucraron desde líderes, políticos, abogados, líderes de sociedades civiles, organizaciones y ciudadanos que dispuestos a ejercer su derecho y no quedarse callados ante un acto que encierra una dosis de corrupción, miembros de diversos grupos de ciudadanos lograron unirnse para perseguir un mismo fin, el de no permitir que se concrete el pago de dicha jubilación.
El amparo toma como base para sustentar la ilegalidad de la jubilación de León Hernández los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con los cuales los cargos de elección popular son de carácter político, es decir resultado del encargo ciudadano materializado en el voto. Por ello, todas las remuneraciones que los servidores públicos reciben se consideran como un derecho subjetivo público. Por esta razón, los periodos en los cuales Marco Antonio León fungió como Diputado no debieron ser computables como años de trabajo para el Estado. Es decir, quien ejerce un cargo de elección popular no es considerado trabajador, sino representante político, además lo que los legisladores reciben no es un salario (básico para poder jubilarse como trabajador al servicio del Estado) sino una contraprestación con cargo al erario, conocida como “dieta”, la cual únicamente tiene como objetivo remunerar la representación política que ostentan los diputados.
El amparo fue presentado ante los Juzgados 4to de Distrito del poder Judicial de la Federación, y aún no se recibe una respuesta.
