El asunto viene desde hace más de tres años (probablemente antes), cuando las autoridades catalanas intentaron realizar un referéndum para decidir su independencia de España. En ese entonces tal movimiento fue declarado inconstitucional y sólo quedó la evidencia de que apenas 2 millones de un electorado de 6 millones deseaba la completa autonomía de Cataluña. Al siguiente año, en 2015, los nacionalistas catalanes regresaron y nuevamente tuvieron otra derrota: en elecciones regionales anticipadas quedó demostrado que el voto popular nomás no quiere la independencia. Sin embargo, con 47% de los sufragios, la derrota se convirtió en victoria al –entonces– contar la mayoría parlamentaria del movimiento independentista, la cual previó que la emancipación se conseguiría en 18 meses.

Y es así como llegamos al referéndum que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, un nuevo intento para convertir a Cataluña en un “pueblo libre”. ¿Libre de qué? Preguntan las autoridades españolas y opositores al movimiento, quienes consideran al gobierno ibérico como una democracia en la que Cataluña es una comunidad autónoma que goza de completa libertad, autogobierno, con una cultura prospera, un equipo de “fucho” bien fregón, una lengua propia, instituciones estables y una población rica en recursos (en comparación de otras comunidades españolas). Sin embargo, para los nacionalistas es tiempo de librarse del yugo de un Estado central que desde hace siglos ve a Cataluña como una colonia y del cual sólo es posible la separación unilateral, debido al fracaso entre políticos catalanes y el gobierno español, el cual se ha negado a reconocer que el Congreso local y buena parte de la población desea la independencia de su comunidad.

Al igual que en 2014, el referéndum independentista ha sido calificado de anticonstitucional y anulado por anticipado. Pero al grito de “¡Votarem!” (“votaremos” en catalán), miles de simpatizantes de la emancipación han salido a las calles a defender su derecho a decidir el futuro de “su pueblo”. Ayer, por ejemplo, cerca de 80 mil personas (las autoridades dicen que sólo fueron 16 mil) mostraron en Barcelona su respaldo a la votación a celebrarse el domingo y, para ello, mostraron la intención de encerrarse en los colegios electorales para, así, garantizar los comicios. “Seremos un país libre”, dicen muchos de los jóvenes que llevan lo necesario para la “ocupación” que pretende impedir la posible estrategia del gobierno de Mariano Rajoy para echar abajo el referéndum.

Por como se ve, la realización y la aplicación del resultado que se dé de las votaciones del próximo domingo en Cataluña no será fácil: bajo el argumento de que el artículo 544, así como el Código Penal castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”, fueron detenidos por lo menos 14 altos cargos de la Generalitat de Cataluña, por preparar el referéndum.

Aparentemente, confiados de que el resultado será favorable, las autoridades catalanas ya hacen preparativos. Raül Romeva, consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, fue a Bruselas para explicar en la sede de la Unión Europea cuáles serán los pasos a seguir de cara a la independencia, asegurando que, pese a las prohibiciones judiciales y policiales, se votará y, en caso de ganarse, se hará la declaración de independencia. “Tenemos que aceptar lo que decida la gente. Si gana el sí, la ley del referendo establece que 48 horas después de la publicación de los resultados el Parlamento hará una declaración de independencia y la ley de transición entrará en vigor”.

Sin establecerse todavía quién se hará responsable de la seguridad de los comicios (los Mossos d’Esquadra o la policía española), el secretario español de Estado de Seguridad, José Nieto, pidió nuevamente al gobierno catalán no realizar la consulta, ya que la policía tiene la orden de impedir cualquier acto que violente la ley.

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