El 25 de agosto de 2011, a las 15:15 horas exactamente, un comando armado prendió fuego al Casino Royale, ubicado en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Por este ataque murieron 52 personas incluyendo a dos mujeres embarazadas.
Han pasado 11 años luchando con las inconsistencias del caso, contra investigaciones con fallas y exigiendo justicia. 11 años después el gobierno estatal y federal ofrecen disculpas públicas a las víctimas y a las familias de las víctimas.
¿Qué pasó en el Casino Royale?
Poco antes de las 4 de la tarde integrantes de Los Zetas llegaron hasta el casino Royale en varios automóviles y entraron con violencia a las instalaciones. Realizaron algunos disparos, robaron a algunos clientes, destruyeron algunas máquinas y rociaron gasolina que posteriormente prendieron con fuego.
Algunas personas lograron salir por la puerta principal pero el fuego y el pánico provocaron una estampida. Las salidas de emergencia estaban cerradas con llave y de acuerdo con las investigaciones, las víctimas murieron por intoxicación de monóxido de carbono. No había salida.
El establecimiento estuvo ardiendo por horas y durante la madrugada del 26 de agosto el segundo piso se desplomó.
De este ataque resultaron 52 personas fallecidas: 10 hombres y 42 mujeres. 45 personas fueron identificadas relativamente pronto pero al resto tuvieron que hacerles pruebas especiales ya que sufrieron un alto grado de calcinación.
¿Y qué pasó con las investigaciones? Un embarradero, como casi no suele pasar en México.
El casino había sido clausurado por el municipio de Monterrey en mayo de ese mismo año, 2011, por no contar con los permisos para ampliar las instalaciones. Reabrió sus puertas el 31 de mayo luego de que los propietarios consiguieran un amparo por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, recurso otorgado por el magistrado José Alfonso Solís Navarro.
Después del ataque tanto el alcalde de la ciudad, que entonces era Fernando Larrazábal, así como la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Juana María Treviño Torres, comenzaron a aventarse la bolita. Que si quién había permitido la reapertura y que si Protección Civil no verificó las salidas de emergencia.
El ataque se atribuyó al crimen organizado. El 14 de septiembre de ese mismo año, el entonces subprocurador de Control Regional de la Procuraduría General de la República (la extinta PGR), José Cuitláhuac Salinas Martínez, presentó una lista de 18 personas involucradas en el ataque aunque posteriormente aumentó a 25 personas.
Hasta el año pasados 2021, el Tribunal Superior de Justicia informó que de las 25 personas detenidas, 10 casos tienen sentencias suspendidas por la ratificación de dictámenes periciales o atoradas por amparos, mientras que 6 procesados estaban en etapa de instrucción.
Se les acusa de homicidio calificado, agrupación delictuosa, delitos cometidos en administración y procuración de justicia, así como delitos contra servidores públicos e instituciones oficiales.
Hay sentencias contra algunos inculpados por hasta 127 años de prisión. El autor intelectual del ataque fue identificado como Carlos Alberto Oliva Castillo, alias la Rana, que es un alto líder de Los Zetas. Poco después del ataque los detenidos testificaron que no querían matar a nadie, sino asustar a los propietarios del casino.
Las disculpas públicas y los pendientes
El pasado 25 de agosto, cuando se cumplieron 11 años del ataque, las familias de las víctimas lamentaron que la ceremonia de disculpas públicas se haya pospuesto por problemas de agenda de los funcionarios involucrados.
Don Maximino García, padre de Yolanda que trabajaba como personal de limpieza del casino, afirmó que las disculpas las deberían de dar los funcionarios de entonces que son responsables por sus acciones y omisiones: Felipe Calderón, Rodrigo Medina (exgobernador de Nuevo León) y Fernando Larrazábal (exalcalde de Monterrey).
El Colectivo 52+2, integrado por la familia de las víctimas, reclama que hayan destruido ya varias veces la estructura de acero donde año con año las familias colocan cruces y arreglos florales. Piden que las sentencias para todos los detenidos estén firmes y no suspendidas.
Además, afirman que hasta el momento ninguna autoridad federal, estatal o municipal que dieron los permisos de los casinos de manera ilegal han respondido por su responsabilidad.
