El pleno del Senado aprobó ayer lunes 29 de septiembre una iniciativa de Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, ahora será discutida en la Cámara de Diputados.
En un inicio, la iniciativa presidencial fue criticada por la ONU porque había aspectos contrarios a la Convención de los Derechos del Niño, por lo que el documento tuvo que ser trabajado por seis comisiones del Senado y fue modificado en un 80%, así, el nuevo dictamen pretende garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, se creará un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, presidido por el Ejecutivo federal. Ahora, el Estado debe garantizar que adolescentes embarazadas, concluyan sus estudios; establecer normas para evitar el bullying y que la edad para contraer matrimonio sea a partir de los 18 años.
Plantea, a su vez, una reestructuración del DIF como un órgano desconcentrado y será el lugar al que tendrán que ser canalizados los niños migrantes, quienes tendrán derecho a una visa.
También incluye un capítulo entero sobre niñas, niños y adolescentes con discapacidad, pero la organización civil ‘Comunicación para la inclusión‘ plantea que aunque los senadores cambiaron en un 80% la iniciativa de ley, todavía falta ajustar algunas contradicciones en dicho tema. En resumen son siete:
1) Un censo más completo
Aunque la ley establece mecanismos para recopilación de información de personas con discapacidad, falta precisar estadísticas: dónde vive, cuál es su discapacidad, su situación socio-económica y que sea de fácil acceso para personas con discapacidad.
2) Centros de rehabilitación con calidad
Se habla de rehabilitación en el artículo 52, pero falta crear un estándar de calidad para los centros de rehabilitación.
3) Educación especializada
El Artículo 59 pretende impulsar el derecho a la educación y la inclusión de personas con discapacidad en todos los niveles educativos, falta garantizar esto con apoyo de docentes especializados, que se enseñe Braille, la escritura alternativa, la tutoría y el apoyo entre pares y promover el aprendizaje de la lengua de señales mexicana.
4) Albergues o Centros de Asistencia Social
Sólo irán a albergues los niños que no puedan encontrar otra forma de cuidados parentales. Lo que falta: es que las instalaciones de TODOS los centros de asistencia tengan infraestructura adecuada y accesible con medidas de seguridad, material para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
5) Garantías a padres con discapacidad.
En un país como el nuestro donde aún se considera que la discapacidad es una enfermedad (no lo es: es una condición de vida). Deberán establecer programas para proporcionar la capacitación, bienes y servicios de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de personas con y sin discapacidad.
6) Medios accesibles para personas con discapacidad
El Artículo 69 habla de las responsabilidades de los medios, la propuesta es que se incluya un apartado en dicho artículo: “La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones accesibles y de diseño universal para niñas, niños y adolescentes con discapacidad y otras acciones que garanticen su inclusión en la sociedad en todos los aspectos y etapas de la vida”.
7) Certificado de discapacidad
Todos conocemos a padres y madres que durante años tratan de tener un “diagnóstico” sobre qué tiene su hijo y no lo logran hasta muchos años después. Si la Ley General de Derechos, en su artículo 5, presume la adolescencia y la infancia cuando exista duda sobre la edad , falta, un añadido al Artículo 55: “Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad.”.
Después de los cambios realizados en el Senado, según la UNICEF, esta iniciativa será recordada como una las mayores contribuciones de México a la protección de las garantías de las niñas, niños y adolescentes. Todavía queda esperanza en la Cámara de Diputados, para mejorar la ley.
