México y Latinoamérica le deben mucho a las mujeres, niñas y adolescentes. Actualmente, y en medio de un sinfín de movimientos contra la violencia, descubrimos que todavía hay una deuda normativa por parte del Estado para asegurar a las mujeres no sólo la validez de sus derechos como ciudadanas, sino ofrecerles un espacio seguro donde puedan ejercer esos mismos derechos inherentes.
Las autoridades se han quedado cortas una y otra vez. Pero han sido ellas, nosotras y ustedes, las que hemos conseguido enormes avances en materia legal para fomentar un ambiente seguro y digno donde quede erradicada la violencia y el constante miedo por el sólo hecho de ser mujer.
Así que hoy, 25 de noviembre, en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, quisimos hacer un pequeño recuento de los logros legales y normativos que las mujeres, niñas y adolescentes han alcanzado en Latinoamérica a través de una lucha que sigue y seguirá presente hasta que se cumplan estas leyes y un día, finalmente, dejen de ser necesarias.
Ley Olimpia
Si te vas a un buscador como Google y comienzas a escribir el nombre de Olimpia Coral Melo, la primera opción de búsqueda que sale es la de su pack… No su trabajo como activista, ni siquiera el hecho de que hace poco logró que un conjunto de reformas bajo el nombre de Ley Olimpia, el suyo, se aprobara en el Senado para proteger a las víctimas de violencia digital.
Y no es una ironía que lo primero que salga en el buscador sea el contenido que la llevó a ocultarse en su casa por meses debido al trauma y los ataques, sino que es una evidencia más de cómo se ejerce ese tipo de violencia, sobre todo contra mujeres, niñas y adolescentes, quienes en los últimos 3 años, han representado 84 por ciento de las víctimas (de acuerdo con datos de Luchadora)…
En 2014, Olimpia descubrió que un video íntimo suyo estaba dando vueltas por medios y plataformas digitales como páginas de Facebook, y que incluso el material había llegado a medios locales de Huachinango, en Puebla, quienes le dieron mayor difusión.
Después de un periodo complejo en su vida debido a los ataques y el acoso por la publicación sin su consentimiento de este material, es que decidió reunirse con otras mujeres víctimas, quienes lograron se reformara el Código Penal de Puebla para tipificar esas conductas como una violación.
Hoy, después de un año de lucha, México reconoce como delito las conductas que violen y/o violenten la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales en actos que exponga, difunda o reproduzca contenido sexual o íntimo.
La aprobación en lo general de la Ley Olimpia como un conjunto de reformas, sirve para aplicar sanciones de 3 a 6 años de prisión para aquellos que acosen, hostiguen y difundan contenidos sexuales a través de medios o plataformas digitales sin el consentimiento de quien aparece en las imágenes, videos o audios.
La historia comenzó en el estado de Puebla de donde es originaria Olimpia, pero ya es una realidad en los 28 códigos penales estatales del país.
Ley Micaela
Micaela García tenía 21 años cuando fue asesinada en 2017. Después de una semana de estar desaparecida, su cuerpo fue hallado en la localidad de Gualeguay al norte de Buenos Aires en Argentina.
Su feminicidio conmocionó al país no sólo por el hecho de que Micaela era una de las voces más fuertes de las colectivas que buscan erradicar la violencia contra la mujer y su máxima expresión en el país latinoamericano.
Sino que fue un feminicidio que se pudo evitar si los funcionarios legislaran e impartieran justicia con perspectiva de género. El principal sospechoso de la muerte de Micaela, Ssebastián José Luis Wagner, estaba en libertad condicional por violación al momento de la desaparición de Micaela. Un año atrás, en 2016, y tras sólo cuatro años de su sentencia por violar a dos mujeres en 2010, un juez de provincia le dio libertad…
Las protestas se centraron en el feminicidio de Micaela y en la acción del juez. Así fue que nació la Ley Micaela, la cual establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que están dentro de la función pública, en los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial en Argentina.
Los contenidos de esta capacitación están orientados al género, el trabajo legislativo con enfoque de género y los desafíos de la agenda en relación al tema para que los ciudadanos tengan la seguridad de que sus funcionarios estén capacitados para prevenir, atender y reparar la violencia sistemática de la que las mujeres, niñas y adolescentes son víctimas.
Ley 30314 y 27942
Un silbido, una mirada, un comentario, murmullos, risas, gestos, fotografías, persecuciones, masturbación, tocamientos, amenazas… algunos le llaman piropos, pero en realidad son una forma de acoso que han vivido, al menos, casi 30 por ciento de las mujeres en México. Y la realidad no es muy distinta en Perú donde 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero.
Así, en 2015 se aprobó la Ley No 30314 que visibiliza la violencia basada en género al considerar como delito el acoso sexual en espacios públicos, es decir, la conducta física o verbal con connotaciones sexuales que afectan la libertad, integridad libre tránsito de las personas.
Y también, el Perú tiene la Ley No 27942, conocida como la ley de Pevención y sanción al hostigamiento sexual que busca prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia dondequiera que ésta se dé: en el ámbito público o privado y en centro de trabajo, prestación de servicios, instituciones educativas y más.
Ley Brisa
El 20 de diciembre de 2014, Daiana de los Ángeles Barrionuevo desapareció. Tenía 24 años y era madre de dos gemelos de 7 años y una niña llamada Brisa de 2. Durante 20 días, la pareja de Daiana dijo que ésta se había fugado con un amante, hasta que el 10 de enero de 2015, apreció muerta.
El feminicida fue su pareja y padre de sus tres hijos. Este caso ocurrió en Argentina, donde en los últimos 10 años, 3 mil niños y niñas se han convertido en víctimas colaterales de feminicidios, quedando desamparados pues su madre es asesinada y su padre queda prófugo o es encarcelado. Brisa y sus hermanitos vivieron un tiempo con sus abuelos y luego con su tía, quien ya tenía tres hijos y de un día para otra, habría de criar y darles de comer a otros tres.
El caso de Brisa, quien no sólo se debe enfrentar a la pérdida de su madre, sino a un entorno económico aún más complejo, es quien le dio nombre a lo que se conoce como Ley Brisa en la que el Estado otorga una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de feminicidio. Se trata de una especie de jubilación mínima o derecho a cobrar una suma mensual además de tener cobertura de salud.
Esta ley aplica a los y las menores de 21 años cuya madre, padre o progenitores murieron como consecuencia de violencia de género o doméstica. En caso de que los hijos o hijas sean personas con alguna discapacidad, la reparación económica no tiene límite de edad.
Ley Ingrid
El 9 de febrero de 2020, Ingrid Escamilla de 25 años fue asesinada en su casa y en manos de su pareja. Al día siguiente, algunos medios publicaron la noticia junto a la imagen del cuerpo violentado de Ingrid, la cual se replicó en redes sociales. Este caso crítico, evidenció tres cosas: la realidad de miles de mujeres que sufren de violencia dentro de sus casas, cómo los feminicidios se convierten en un tema privado y el tratamiento que se hace de estos dos (consecuentes) en algunos medios de comunicación.
Ingrid Escamilla fue violentada, asesinada y luego denigrada, revictimizada y señalada como culpable. La búsqueda de justicia, se perdió entre el morbo y lo poco o mucho que valen las imágenes que evidencian que en México la violencia extrema es cotidiana y, además, es un producto de consumo.
La Ley Ingrid nació después de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de imágenes de un feminicidio. La divulgación masiva del cuerpo de una víctima que perdió la oportunidad, así, de buscar justicia. Al igual que la Ley Olimpia, la Ley Ingrid es un conjunto de reformas legislativas que pretenden evitar la exposición de personas para proteger su identidad, intimidad y dignidad como víctimas, así como la de sus familiares.
La exposición de este tipo de imágenes, normaliza la violencia, por lo que se debe buscar una sanción a aquellos funcionarios y/o servidores públicos que participen en la revictimización.
Esta iniciativa busca tipificar las conductas de servidores públicos que revelen o difundan videos, imágenes, audios o grabaciones, así como información que forme parte de una investigación para preservar la dignidad de las víctimas, reducir el daño, evitar la revictimización y terminar con la normalización de la violencia de género.
Aquí pueden escuchar la pieza que armamos para #SopitasXAireLibre a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer:
